A pesar de haber sido condenada a prisión e inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner aún tendría la posibilidad de presentarse en las elecciones legislativas de 2025. Según especialistas en derecho, la sentencia no se aplicará hasta que la Corte Suprema emita un fallo definitivo, lo cual permite a la ex presidenta y actual vicepresidenta postularse en los próximos comicios, si decide hacerlo. Este escenario reaviva el debate en torno a su figura y la influencia del Poder Judicial en la política argentina.
El exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, fue uno de los primeros en expresar su apoyo incondicional a Fernández, calificando el fallo judicial como «insólito» y considerando que la justicia busca «proscribir a un partido político» y a una de sus principales referentes. “Quieren limitar la participación democrática y acallar una voz que representa a millones de argentinos”, afirmó Gioja, quien sostuvo que este tipo de decisiones ponen en peligro el sistema democrático al intentar restringir a líderes elegidos por el pueblo.
“Quieren limitar la participación democrática y acallar una voz que representa a millones de argentinos”
La sentencia contra Fernández se vincula con diversas causas judiciales relacionadas con presuntos actos de corrupción durante sus mandatos como presidenta. Sin embargo, tanto Gioja como otros dirigentes peronistas argumentan que los cargos contra ella se fundamentan en una persecución política diseñada para impedir que el peronismo recupere poder. “Es parte de una estrategia para frenar al Partido Justicialista y debilitar a sus figuras más representativas”, señaló el exgobernador, quien en sus redes sociales y declaraciones públicas enfatizó la importancia de defender el derecho de los ciudadanos a elegir sin injerencias externas.
Esta situación ha despertado gran expectativa en el electorado, que observa con atención si Fernández finalmente optará por una candidatura que le permita regresar al Congreso. A nivel nacional, se multiplican los pronunciamientos a favor de la vicepresidenta, mientras que sectores opositores sostienen que debe cumplir con las disposiciones legales. El desenlace, marcado por la espera de una resolución definitiva de la Corte, perfila un 2025 electoral en el que la figura de Cristina Fernández de Kirchner continúa siendo clave en la arena política argentina.
