El Servicio Penitenciario de San Juan se enfrenta a un gran desafío: el hacinamiento en el Penal de Chimbas. Con una capacidad para 850 personas y una población actual que supera los 1.800 internos, las autoridades buscan soluciones para mejorar las condiciones carcelarias y promover la resocialización de los detenidos. El gobierno provincial, bajo la conducción de Marcelo Orrego, ha decidido priorizar obras en el penal actual en lugar de insistir con la construcción de un nuevo complejo en Ullum, proyecto que quedó paralizado por falta de financiamiento.
El director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado, explicó que los esfuerzos se concentran en la ampliación del Penal de Chimbas. En los próximos meses se prevé la finalización del sector 5, con capacidad para 236 reclusos, además del inicio de la construcción del sector 6 y un centro de monitoreo. Con estas medidas, las autoridades esperan reducir significativamente el hacinamiento y mejorar las condiciones de alojamiento de los internos.
Trabajo para internos y tecnología aplicada al control penitenciario
Además de la infraestructura, se está trabajando en alternativas para que algunos internos puedan desempeñar labores fuera del penal. Para ello, se diseña un programa que permitirá a ciertos presos, bajo autorización judicial, realizar trabajos en espacios públicos y municipales. Esta iniciativa no solo busca mejorar la reinserción social de los detenidos, sino también aliviar la sobrecarga del sistema penitenciario.
Otro aspecto clave es la implementación de tecnología para el monitoreo de condenas cortas, libertades condicionales y salidas transitorias. Se prevé la creación de un centro de monitoreo que optimizará el control y seguimiento de los internos en esas condiciones, lo que permitirá una gestión más eficiente del cumplimiento de las penas.
Hacia una posible privatización del sistema penitenciario
Entre las opciones en evaluación se encuentra la posibilidad de delegar la gestión de ciertos servicios del penal a empresas privadas. Actualmente, la provisión de alimentos ya está tercerizada, y el gobierno analiza la viabilidad de extender este modelo a otros aspectos del sistema carcelario, exceptuando seguridad y tratamiento penitenciario.
Una de las alternativas sería que una empresa construya y administre un nuevo penal, financiándose mediante un canon por cada interno. Otra opción planteada es la creación de talleres de producción dentro de la cárcel, gestionados por el sector privado, donde los reclusos puedan trabajar y generar ingresos para ayudar a solventar los costos de su estadía.
El gobierno sanjuanino apuesta por una combinación de infraestructura, empleo penitenciario y avances tecnológicos para transformar el sistema carcelario de la provincia. En los próximos meses se espera la concreción de estas medidas, con el objetivo de mejorar la situación penitenciaria y facilitar la reinserción de los internos en la sociedad.
