El anuncio de la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, sobre la intención de eliminar la feria judicial y modificar el esquema de vacaciones de jueces y funcionarios generó un intenso debate en el ámbito judicial. Mientras que dentro de Tribunales se espera mayor información sobre la iniciativa, el sector de los abogados manifestó su preocupación ante la posible falta de un período de descanso garantizado.
La propuesta apunta a que el Poder Judicial funcione sin interrupciones durante todo el año, eliminando la suspensión de plazos procesales que actualmente rige en enero y julio. En esos períodos, los tiempos judiciales quedan en pausa, permitiendo que jueces, fiscales y empleados puedan tomarse vacaciones. Con el nuevo esquema, el receso se distribuiría de manera escalonada entre octubre y marzo.
Desde el Foro de Abogados, su presidente Franco Montes advirtió que, si los plazos procesales siguen corriendo sin interrupciones, los profesionales independientes podrían verse perjudicados, ya que les resultaría difícil tomarse un descanso sin afectar el avance de sus casos. En ese sentido, solicitarán una reunión con García Nieto para conocer más detalles y plantear posibles soluciones.
Por su parte, dentro del Poder Judicial la recepción de la propuesta fue cautelosa. El fiscal general Eduardo Quattropani señaló que el sistema debe modernizarse y destacó que es positivo abrir el debate sin afectar derechos adquiridos. Desde el Colegio de Magistrados, su presidenta Ana Lía Larrea prefirió no pronunciarse hasta que haya mayor claridad sobre el impacto de la medida. En tanto, desde la Unión Judicial reconocieron que permitir vacaciones en temporada baja podría ser un beneficio para los trabajadores, aunque insisten en que cualquier cambio debe garantizar los derechos actuales.
El proceso de implementación no será inmediato. Se prevé que, tras una etapa de discusión con los distintos sectores involucrados, sea necesario modificar la legislación en la Cámara de Diputados. De concretarse, la reforma comenzaría a aplicarse recién en 2026.
