La comunidad indígena Huarpe Talquenca, ubicada en El Encón, departamento 25 de Mayo, se encuentra en estado de alerta por un conflicto judicial que amenaza con entregar a particulares tierras reconocidas como ancestrales. Se trata de un territorio que fue relevado y validado oficialmente como espacio comunitario en el marco de la Ley 26.160, y que ahora podría pasar a manos privadas a través de una subasta avalada por el juez Luis César Arancibia.
Nadia Gómez, referente de la comunidad, consejera de Participación Indígena (CPI) y representante en el Consejo de Administración Forestal (FSC), expresó su preocupación en diálogo con la prensa: “Estamos ante un nuevo intento de despojo. El mismo juez que en 2012 reconoció nuestra preexistencia, ahora pretende legitimar la entrega de nuestras tierras. Es una contradicción jurídica y un atropello a nuestros derechos”.
Movilización institucional y medidas legales
Frente a esta situación, desde la comunidad ya iniciaron gestiones con distintas autoridades provinciales. Gómez informó que solicitarán reuniones con la Dirección de Políticas para la Equidad, el vicegobernador Fabián Martín y el propio juez, con el fin de visibilizar las irregularidades del proceso judicial.
En caso de no obtener respuestas satisfactorias, avanzarán con denuncias en la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel provincial como nacional, y llevarán el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Estamos agotando todas las instancias institucionales, porque el Estado argentino sigue incumpliendo leyes que él mismo sancionó”, señaló la consejera.
Relevamientos vigentes y derechos ignorados
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la legitimidad de los relevamientos territoriales realizados en 2018. Aunque la ley de emergencia territorial fue derogada, dichos estudios continúan teniendo validez legal, ya que fueron elaborados por organismos estatales con respaldo jurídico, catastral y antropológico.
“Nuestra existencia como pueblos originarios es anterior a cualquier título de propiedad. No se puede seguir vulnerando derechos por decisiones políticas o judiciales que ignoran nuestras leyes”
“Hay quienes malinterpretan la normativa y desconocen los antecedentes. Pero estos estudios tienen peso legal. Incluso cuando se realizaron obras públicas, como la línea de alta tensión que atraviesa nuestro territorio, fue la comunidad la que dio el consentimiento, no los supuestos dueños”, afirmó Gómez.
Más de 40 familias en riesgo y un reclamo colectivo
El posible fallo judicial no afecta solo a un pequeño grupo. Según detalló la representante indígena, más de 40 familias comparten y utilizan el territorio en cuestión, que cumple funciones de pastoreo y tiene un uso colectivo desde generaciones. “No se trata de una parcela privada, sino de una estructura comunitaria que sostiene la vida y la cultura de nuestro pueblo”, enfatizó.
El proyecto de propiedad comunitaria: una deuda pendiente
En paralelo, la comunidad trabaja en un proyecto de ley de propiedad comunitaria que esperan presentar en la Legislatura provincial. La iniciativa apunta a crear un marco legal concreto que proteja los territorios indígenas y evite este tipo de conflictos. Aunque la provincia asumió la responsabilidad de registrar los territorios, hasta el momento no se han creado ni oficinas ni instrumentos legales para hacerlo efectivo.
Una crisis que atraviesa a todo el país
Este conflicto no es un caso aislado. Según Gómez, forma parte de una avanzada más amplia que afecta a pueblos originarios de varias provincias argentinas. “Lo que está pasando en San Juan también sucede en Salta, Jujuy, La Rioja, Tucumán. Es una emergencia nacional”, advirtió.
Mientras esperan la resolución judicial, desde el Pueblo Nación Huarpe exigen al Estado que asuma su responsabilidad. “Nuestra existencia como pueblos originarios es anterior a cualquier título de propiedad. No se puede seguir vulnerando derechos por decisiones políticas o judiciales que ignoran nuestras leyes”, concluyó.
