El juicio contra una presunta organización dedicada al tráfico de drogas, conocido como el caso de “La Banda de los Rosales”, fue anulado tras dos audiencias debido a un error judicial que sorprendió a todos en Tribunales Federales.
El juez Daniel Doffo, a cargo del proceso, advirtió que no correspondía que él actuara en soledad, ya que por la gravedad de los delitos y las penas en juego —de 6 a 20 años de prisión— la ley exige que el juicio sea conducido por un tribunal colegiado. Este detalle, que pasó inadvertido hasta ese momento, derivó en la nulidad de lo actuado y obliga a realizar el debate desde el principio.
“El vicio detectado en el proceso genera una nulidad absoluta, no subsanable ni siquiera con acuerdo de partes, ya que vulnera garantías constitucionales como el debido proceso y el principio de juez natural”, señaló el magistrado en su resolución.
El error dejó en evidencia fallas en el sistema: se apunta tanto a la Oficina Judicial local, responsable de la asignación del juez, como al juez de Mendoza, Manuel Pizarro, quien participó en la etapa de control de acusación. También se cuestiona que ni el fiscal federal Fernando Alcaraz haya advertido la situación.
Durante las audiencias ya celebradas, el juez Doffo llegó a escuchar testimonios, revisar escuchas telefónicas y analizar videos que respaldaban la acusación contra los diez imputados, presuntamente involucrados en la venta de estupefacientes entre agosto y noviembre del año pasado.
En los allanamientos realizados durante la investigación, la policía de Drogas Ilegales secuestró casi 600 gramos de cocaína, plantas y dosis de marihuana, hongos alucinógenos, más de dos millones de pesos, balanzas, elementos para fraccionar droga, celulares y vehículos.
El principal acusado es Franco “Gordo” Carrizo, señalado como el proveedor, mientras que Sergio Rosales y su pareja, María Eugenia Parra, habrían sido los encargados de distribuir la droga junto a varios familiares. También está imputado el comerciante Ángel “Gallego” Gunella, actualmente en rehabilitación.
Ahora, la Oficina Judicial deberá conformar un tribunal para reanudar el juicio, en el que Doffo podría volver a intervenir, aunque no está confirmado. Lo cierto es que el proceso, que había sido calificado como histórico por ser el primero de su tipo en la provincia, quedó marcado por un insólito traspié legal.
