Con la entrada en vigencia del decreto de necesidad y urgencia 340/2025, el Gobierno Nacional dispuso que la educación en niveles inicial, primario, secundario y especial sea considerada un servicio esencial. Esto implica que, ante cualquier medida de fuerza, los sindicatos docentes deberán garantizar al menos un 75% de actividad en las aulas. En San Juan, esta disposición ya está siendo aplicada.
El subsecretario de Trabajo de la provincia, Franco Marchese, explicó en declaraciones radiales que la medida responde a una ampliación del listado de servicios esenciales y trascendentales. Esto incluye, además de la educación, áreas como salud, transporte y comunicaciones. Para los servicios trascendentales, como los medios de comunicación, la exigencia mínima es del 50% de funcionamiento.
“Desde ahora, los gremios que deseen realizar un paro deben comunicarlo con al menos 24 horas de anticipación y presentar un plan que garantice la prestación mínima del servicio”, detalló Marchese. Agregó también que la Subsecretaría tiene potestad para aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento, y que, de ser necesario, el Ejecutivo puede solicitar intervención judicial para hacer cumplir la medida.
“En lo personal, creo que el derecho a la educación está por encima del derecho a huelga. Aunque reconozco que esto debe resolverse con un marco legal más sólido”
En San Juan, los principales sindicatos docentes impactados por la medida son UDAP, UDA y AMET, conocidos por su alto nivel de adhesión a las huelgas. También se verán alcanzados los gremios universitarios como SiDUNSJ y ADICUS.
Marchese expresó su acuerdo con el fondo de la iniciativa, aunque cuestionó la forma en que fue implementada: “Para mí está bien que se garantice el derecho a la educación, pero no comparto que sea por decreto. Debería haberse debatido en el Congreso o la Legislatura”. También opinó que es esperable que los sindicatos judicialicen la norma, apelando al derecho constitucional a huelga.
Finalmente, el funcionario fue tajante: “En lo personal, creo que el derecho a la educación está por encima del derecho a huelga. Aunque reconozco que esto debe resolverse con un marco legal más sólido”.
