Fernando jamás imaginó que una consulta rutinaria en Migraciones destaparía una pesadilla: descubrió que figuraba un ejemplar B de su DNI que nunca había gestionado. Detrás de esa irregularidad se escondía una banda que falsificaba documentos para estafar. El resultado: una deuda de más de 60 millones de pesos que contrajeron en su nombre sin que él lo supiera.
Todo comenzó en marzo, cuando empezaron a llegarle avisos de deudas de bancos y financieras. “Primero eran 17 millones, después subió a 60 y ahora ronda los 34”, relató, aún incrédulo. La situación afectó cada aspecto de su vida: no podía hacer trámites básicos ni certificar su propia identidad.
La maniobra se concretó gracias a un nuevo DNI tramitado en el Registro Civil de Pocito. Según la investigación, Marcelo Omar Cardozo, exempleado estatal, fue quien utilizó los datos de Fernando para sacar créditos y compras en distintos bancos.
Este caso se suma a una serie de denuncias que destaparon el accionar de la banda que operaba dentro del Registro Civil. Por esa causa está detenida Natalia Castillo, quien dirigía el área de documentos en Pocito. La acusan de haber facilitado datos y documentos a la organización, junto a otros cómplices como Rolando “El Narigón” Navarro Saide, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo, vinculados a maniobras similares.
La investigación avanza en la Justicia Federal bajo la órbita del fiscal Fernando Alcaraz y pericias del RENAPER confirmaron que el DNI fue emitido de forma irregular. Con esa prueba, Fernando logró demostrar que fue víctima de suplantación de identidad, pero la deuda aún no se anula por completo.
“Tuve que ir al RENAPER con todos mis papeles, mi hermana, la libreta de mis padres… todo para demostrar que soy yo”, contó. Hoy intenta retomar su vida, pero carga con el peso de una estafa millonaria que puso en jaque su reputación y sus finanzas.
