La Justicia fue clara: Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad tienen que devolver más de 684.000 millones de pesos antes de fin de mes. Solo Cristina deberá pagar más de 42.000 millones o exponerse al remate de sus bienes.
No es un detalle menor. Es la cifra concreta de años de corrupción, sobreprecios y negociados con la obra pública. Es la plata que falta en escuelas, rutas, hospitales y jubilaciones. La plata que se evaporó para sostener un modelo político que usaba el Estado como caja personal.
Y aunque la noticia viene de Buenos Aires, en San Juan no hay que mirar muy lejos para encontrar a quienes la defendieron y la siguen defendiendo.
Ahí está José Luis Gioja, que la semana pasada se anotaba para visitarla presa. El mismo que habla de “proscripción” cuando la condena fue confirmada por la Corte Suprema. El mismo que quiere encabezar la lista de diputados nacionales por San Juan, prometiendo “defender al pueblo”, pero que en los hechos defiende la impunidad.
Ahí está Sergio Uñac, que se sacaba la foto en el Instituto Patria y que viajó a Buenos Aires a pedirle bendición política a Cristina antes del cierre de listas. Que como senador nacional nunca abrió la boca por los sanjuaninos, pero no dudó en sumarse al operativo clamor para protegerla.
Y no hay que olvidarse de Cristian Andino, el candidato bendecido por Uñac para octubre. El mismo que en 2022 firmaba comunicados y daba notas defendiendo a Cristina “perseguida” por la Justicia. El mismo que ahora hace campaña sonriendo, pero sin explicar si sigue pensando que todo fue un invento judicial.
Porque al final del día, no es solo Cristina la que tiene que devolver plata. Es todo un modelo político que nos debe explicaciones. Que se endeudó con amigos, que direccionó obras, que acomodó militantes, que usó el Estado para construir poder propio y que hoy se hace el sorprendido cuando salen las facturas.
En San Juan, los que hoy prometen “unidad” para volver al poder son los mismos que se abrazaron con el kirchnerismo más corrupto. Los que no dijeron nada mientras se robaban el país. Y los que hoy se indignan cuando la Justicia hace lo que tiene que hacer: obligarlos a pagar por sus delitos.
Los sanjuaninos merecemos algo mejor. Dirigentes que no pidan permiso en Buenos Aires para hablar. Que no se callen por conveniencia. Que no terminen defendiendo a condenados mientras se llenan la boca hablando de “justicia social”.
Porque la corrupción sale carísima. Y no es solo en Buenos Aires. Acá también la pagamos todos.
