El escándalo que involucra a la cooperativa “9 de Julio Avanza” por un supuesto autorrobo de $10 millones sigue generando repercusiones, ahora con foco en Rawson. Concejales opositores al intendente Carlos Munisaga presentaron un pedido de informes para conocer el vínculo entre esa organización y el municipio.
La sospecha central es si el dinero encontrado por la Justicia —unos $8 millones recuperados— podría haber salido de pagos realizados por la municipalidad a la cooperativa, que asegura brindar servicios en el departamento.
El proyecto de comunicación fue impulsado por los concejales de Juntos por el Cambio Antonio Ruiz, Pedro Calvo y Modesto Fernández. Exigen acceso al contrato entre el municipio y la cooperativa, la duración del vínculo, el tipo de tareas realizadas, el detalle de la estructura de la asociación y toda la documentación de pagos realizados, incluyendo si estos fueron en efectivo.
“Queremos saber si hubo fondos públicos involucrados en este hecho, por qué se contrató una cooperativa de otro departamento, y por qué se manejaba dinero en efectivo”, explicó Ruiz.
Además, los ediles solicitaron la comparecencia en el Concejo Deliberante de la secretaria de Hacienda y Finanzas, Evelyn Madueño, y de la secretaria de Desarrollo Humano, Graciela Yáñez, para que aclaren públicamente el alcance de esa relación institucional.
El caso tomó notoriedad luego de que se comprobara que el supuesto robo denunciado por los integrantes de la cooperativa era, en realidad, una maniobra fraguada. Omar Carrizo, su hijo Iván y la pareja de este último, Cecilia Avendaño, quedaron detenidos luego de que parte del dinero denunciado como robado apareciera escondido en sus casas. La Justicia investiga ahora si la suma iba a ser destinada al pago de trabajadores o si tenía otro fin.
A esto se suma que los acusados tendrían vínculos políticos con el intendente de 9 de Julio, Daniel Banega, e incluso uno de ellos —Iván Carrizo— fue precandidato en las internas del PJ en 2023.
El fiscal Miguel Gay, a cargo de la investigación, avanza con el análisis de documentación secuestrada en recientes allanamientos. También investiga si la cooperativa operaba con contratos en otros municipios.
