Una mujer de 32 años, denunciada por presunto abuso sexual simple contra un adolescente de 13 años, fue declarada imputable por el juez Roberto Montilla, quien dispuso que cumpla un mes de arresto domiciliario en la casa de su madre. La resolución judicial se basó en los informes de dos profesionales del Poder Judicial que la evaluaron recientemente.
Según esos peritos —un psiquiatra y una psicóloga— la mujer, que tiene un coeficiente intelectual de 35, posee la capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. El magistrado también valoró que no representa un peligro para sí misma ni para otras personas.
De esta manera, Montilla aceptó el planteo del Ministerio Público Fiscal, que había solicitado prisión preventiva para la acusada. Los fiscales de la UFI ANIVI, Nahuel Ibazeta y Rocío Toledo, habían pedido tres meses de encierro, pero el juez optó por limitar la medida a 30 días y bajo modalidad domiciliaria.
La decisión no está exenta de polémica. La defensa oficial, a cargo del abogado Marcelo Salinas Weber, se opuso con firmeza, aludiendo a otros informes que indican lo contrario. En otra causa previa, donde la misma mujer es presunta víctima de abuso, dos peritos del Poder Judicial habían concluido que era inimputable. Esos mismos profesionales fueron citados a la audiencia, pero no se presentaron.
Salinas Weber también presentó un certificado de discapacidad otorgado por un psiquiatra del Ministerio de Salud, y sostuvo que la prisión preventiva «es una patología del sistema penal» y «viola el principio de inocencia». Anunció que apelará ante el Tribunal de Impugnación para que se revise la imputabilidad de su defendida.
La denuncia fue radicada el 7 de abril por una familiar de la acusada, quien dijo haberla encontrado con el adolescente semidesnudo en un cañaveral. La denunciante también la acusó de haberla amenazado: «Si me denunciás, te mato».
Tras la denuncia, el menor declaró en cámara Gesell que la mujer le había tocado sus genitales. El juez ordenó entonces nuevas pericias psicológicas y una restricción de acercamiento, que aparentemente fue desobedecida, ya que días atrás la imputada fue hallada en la misma casa donde reside el menor.
Durante la audiencia, la mujer lloró en varias ocasiones, pidió declarar y negó los hechos. “Quiero estar con mi hijo. Él se metió al baño y me tocó. Le pedí que se fuera, pero yo no le hice nada”, expresó ante el magistrado. También se mostró agradecida por regresar a su hogar y prometió cumplir con las condiciones impuestas: “Voy a hacer todo lo que me digan”.
El juez le advirtió que no podrá salir del domicilio durante el próximo mes y que, si no es encontrada en su domicilio en una verificación policial, será trasladada al Penal de Chimbas.