Mientras crecen las tensiones por la contratación de empresas extranjeras en grandes proyectos mineros como Vicuña, el Gobierno de San Juan avanza en la redacción de una nueva Ley de Proveedores Mineros. El objetivo es actualizar el marco legal ante el crecimiento de la industria y ordenar el vínculo entre las mineras y los actores locales.
La futura norma dejará sin efecto a la actual Ley del Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM), que nunca fue reglamentada y, según fuentes oficiales, resultó ineficaz y poco aceptada por el sector. Uno de los principales cuestionamientos es que bastaba con tener domicilio legal en la provincia para ser considerado proveedor local, lo que dio lugar a registros poco genuinos.
Entre los principales cambios, se destaca que ya no se establecerán cupos obligatorios de contratación local. En cambio, las empresas deberán presentar anualmente un Plan de Desarrollo de Proveedores, en el que deberán informar compromisos concretos de contratación y evolución en la incorporación de prestadores sanjuaninos.
El registro de proveedores también será reformulado: se exigirá que las empresas tengan un “establecimiento operativo” real en la provincia —como un depósito o taller— y no solo una dirección fiscal. Además, se diferenciará entre proveedores de los departamentos donde se ejecutan los proyectos, como Iglesia o Calingasta, y los del resto de la provincia.
La Cámara Minera, que históricamente fue reticente a este tipo de regulaciones, esta vez aceptó participar del diseño de la normativa y elevó una contrapropuesta. Uno de los temas todavía en discusión es la definición de “proveedor local”.
Otro punto clave es que los prestadores sanjuaninos deberán cumplir con los mismos estándares laborales que se exigen a las mineras, particularmente en cuanto a empleo local. La intención es que los proveedores compitan en precio y calidad, evitando imponer criterios que puedan afectar la competitividad de los proyectos.
La información que surja de estos planes será pública, lo que permitirá conocer con mayor claridad el impacto económico y laboral de la minería en San Juan. El nuevo esquema busca una relación más transparente y equilibrada entre las empresas y los proveedores locales, sin caer en rigideces que puedan frenar inversiones.
