En San Juan, la minería fue durante años mucho más una bandera discursiva que una política de desarrollo. Bajo la gestión de Sergio Uñac, la palabra “minería” se convirtió en sinónimo de acto, anuncio o foto oficial. Bastaba con convocar a una conferencia o presentar un informe para instalar la sensación de que la provincia estaba a las puertas de un nuevo ciclo productivo.
Uno de los casos más recordados fue el de Josemaría, en febrero de 2021: con escenografía de gran anuncio en Casa de Gobierno, se presentó el informe de impacto ambiental (IIA) del proyecto como si eso implicara el inicio de la explotación. Pero en la práctica, un IIA es apenas un trámite técnico, un paso necesario dentro de un proceso largo y complejo que no garantiza inversión ni producción.
La escena se repitió en abril de 2023, ya en plena antesala electoral, con los proyectos Hualilán y Los Azules. Nuevamente cámaras, discursos y promesas que no se tradujeron en resultados. Lo que se mostraba como avance, en realidad era puesta en escena.
El saldo fue previsible: una ciudadanía sobreexpectante, un sector productivo frustrado y un Estado más preocupado por sostener el relato que por ordenar los procesos. La minería sanjuanina, que podría haber sido motor de desarrollo real, quedó atrapada en la lógica de los anuncios y los tiempos de campaña.
Esa etapa dejó una herencia de desorden institucional, trámites demorados, proyectos sin coordinación territorial y una infraestructura insuficiente para acompañar inversiones de gran escala. Mientras se hablaba de progreso, los verdaderos desafíos —capacitación, agua, conectividad, planificación ambiental— quedaron pendientes. Mucho impacto ambiental en los titulares, pero poco impacto real en la vida de la gente.
