La gestión de Sergio Uñac dejó en San Juan una herencia difícil de ocultar. No se trata solo de deudas o compromisos financieros, sino de un entramado de decisiones políticas y administrativas que muestran con claridad cómo el poder provincial se usó, en los últimos años, más para sostener una estructura partidaria que para mejorar la vida de los sanjuaninos.
Los casos que hoy salen a la luz no son hechos aislados: son piezas de un mismo sistema. Desde las Cavas de Zonda, donde se autorizó un espectáculo multitudinario sin condiciones mínimas de seguridad, hasta la Fiesta Nacional del Sol, donde se descubrió que un mismo empresario fue concesionario, intermediario y proveedor, cobrando más de $15 millones en comisiones y otros $7,5 millones por spots publicitarios, el manejo de los recursos públicos se convirtió en un festival de contratos cruzados y beneficios entre amigos.
La lista sigue: el nuevo organigrama de Vialidad Provincial con cargos creados para allegados; la contratación por más de $1.200 millones para camiones regadores antes del cambio de gobierno; y la inversión de mil millones para el Superbike, con facturas que se multiplicaban en distintos organismos. Todo esto mientras se realizaban 55 nombramientos de último momento en el Ministerio de Educación y se designaban “por decreto” a amigos y exfuncionarios en el Tribunal de Tasaciones y el Tribunal de Cuentas.
Pero el capítulo más grave —y el que más indigna— es el del gasto en marketing y comunicación durante 2023. En total, el gobierno de Uñac destinó $3.987 millones a dos agencias porteñas: Grupo Ischigualasto SRL y Contenidos y Entretenimientos SRL. Una cifra equivalente a más de US$14 millones, desembolsados en su mayoría durante los meses electorales de mayo, junio y octubre. Es decir, cuando se definía el futuro político de su espacio.
Lo llamativo no es solo el monto, sino el destino: campañas de difusión y contratos sin explicación clara, que poco o nada aportaron a la economía sanjuanina, ya que la mayor parte del dinero se fue a empresas de Buenos Aires. Mientras tanto, miles de trabajadores sanjuaninos esperaban respuestas sobre obras frenadas, infraestructura básica o recomposición salarial.
Como si eso fuera poco, el encargado de autorizar esos pagos millonarios fue Juan Flores, entonces secretario general de la Gobernación y hoy presidente del Tribunal de Cuentas, el organismo que debe auditar justamente esas operaciones. La paradoja es tan evidente que duele: el control del gasto público quedó en manos de quien lo ejecutó.
En apenas unos meses, la gestión de Sergio Uñac pasó de prometer “orden y transparencia” a dejar una provincia que tuvo que empezar de cero en diciembre de 2023. Las prioridades quedaron al descubierto: contratos, nombramientos y gastos de campaña antes que políticas sostenibles.
Hoy, mientras el gobierno de Marcelo Orrego intenta recomponer las cuentas y poner nuevamente a San Juan en el camino de la gestión, el contraste es evidente. Uñac y su equipo confundieron el Estado con un comité político, y el dinero público con fondos partidarios. Y esa es la verdadera razón por la que su proyecto terminó como terminó: agotado, sin rumbo y con una sociedad que le dio la espalda.
