Con el inicio de las sesiones extraordinarias ya confirmado, el Gobierno nacional se muestra optimista respecto al avance del paquete de leyes que se debatirá en el Congreso durante febrero. En la Casa Rosada consideran que el temario definido es “viable” desde el punto de vista político y confían en reunir los apoyos necesarios, incluso para los proyectos que generan mayor discusión.
Desde el oficialismo señalan que el clima parlamentario es favorable y que no prevén rechazos de fondo a las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei. Entre los proyectos incluidos se encuentran la Ley de Modernización Laboral, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, modificaciones al régimen de protección de glaciares y la designación de un embajador extraordinario.
En el Ejecutivo destacan que algunos de estos temas cuentan con consensos previos. El acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, acumula años de negociación, mientras que los cambios en la normativa de glaciares responden a pedidos de gobernadores que reclaman mayor autonomía provincial en el manejo de los recursos naturales.
La iniciativa que concentra mayores resistencias es la Reforma Laboral. Sectores sindicales, algunos mandatarios provinciales y parte del empresariado manifestaron objeciones, principalmente por el impacto fiscal que podrían generar ciertos cambios vinculados al empleo formal. A pesar de ello, en el oficialismo aseguran tener una base de votos suficiente y confían en sumar adhesiones durante el debate.
Desde el Gobierno sostienen que los efectos centrales de la reforma se verán a partir de 2027 y que, durante 2026, las provincias podrían incluso verse beneficiadas por un mayor nivel de empleo registrado. Según esa lectura, la formalización laboral permitiría compensar eventuales caídas iniciales de recaudación.
En paralelo, el Ejecutivo decidió dejar fuera de la agenda de febrero la Reforma del Código Penal y concentrar la estrategia política en los proyectos considerados prioritarios. El objetivo es llegar al inicio del período ordinario, previsto para el 1° de marzo, con avances legislativos concretos.
Durante las últimas semanas de enero y los primeros días de febrero, el oficialismo intensificó las conversaciones con bloques aliados y gobernadores. La coordinación política está a cargo de referentes parlamentarios y del área política del Gobierno, que trabajan para asegurar mayorías en ambas cámaras.
Las sesiones extraordinarias se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero. En ese lapso, el Gobierno apuesta a aprobar la totalidad del temario enviado y mostrar fortaleza política en la antesala del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa.
