Luego de mantener congelados los salarios de los funcionarios de mayor jerarquía durante casi dos años, el presidente Javier Milei resolvió actualizar los haberes de ministros y secretarios del Poder Ejecutivo. La medida fue oficializada mediante el Decreto 931/2025 y comenzará a regir con los sueldos de enero de 2026, que se cobrarán en febrero.
Según el texto oficial, el ajuste salarial busca evitar la pérdida de cuadros técnicos frente a las mejores condiciones que ofrece el sector privado y apunta a profesionalizar la administración pública. El incremento acumulado respecto de los valores previos oscila entre el 62,4% y el 85,9%, dependiendo del cargo.
Con el nuevo esquema, los ministros nacionales pasarán de percibir un salario bruto de $3.584.006 a un rango que va de $5.800.000 a $6.600.000. En el caso de los secretarios, los haberes subirán de $3.282.709 a montos que se ubican entre $5.300.000 y $6.100.000.
La actualización no alcanza a las máximas autoridades del Ejecutivo. Tanto el presidente Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron excluidos del aumento. El salario bruto del mandatario se mantiene en $4.066.018, mientras que el de la vicepresidenta continúa en $3.764.821, sin cambios desde diciembre de 2023.
La preocupación por la fuga de profesionales
Desde el Gobierno señalaron que la decisión responde a las dificultades para retener funcionarios con perfiles técnicos. Uno de los ejemplos que circuló en ámbitos oficiales fue el del Indec, donde el actual director Pedro Lines había dejado visible en su perfil profesional la leyenda “open to work”, en medio de los bajos salarios del sector público.
El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que muchos funcionarios encontraban cada vez más difícil sostenerse económicamente y terminaban migrando al ámbito privado. “Son personas capacitadas, con experiencia previa en el sector privado, a las que se les hacía muy cuesta arriba continuar con esos ingresos”, sostuvo.
Meritocracia y equilibrio fiscal
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo plantea la necesidad de avanzar hacia un sistema de empleo público basado en la transparencia, la meritocracia y el desempeño. El objetivo, según se expresa en el texto, es contar con funcionarios profesionalizados y con remuneraciones acordes a las responsabilidades que asumen.
Desde la Casa Rosada remarcaron que la actualización salarial es posible en el marco del superávit fiscal y del orden macroeconómico alcanzado por la actual gestión. Además, aseguraron que la medida no compromete la sostenibilidad de las cuentas públicas y se inscribe en un proceso más amplio de reorganización del Estado.
