En el marco del Día Internacional de la Defensa del Consumidor, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, adelantó que durante el período legislativo 2026 se avanzará en una reforma de la ley provincial que regula la protección de los consumidores.
El anuncio se realizó en una actividad institucional junto a autoridades de la Dirección de Defensa del Consumidor, encabezada por Fabiana Carrizo, donde se planteó la necesidad de actualizar la normativa vigente.
Según explicó el funcionario, la ley actual tiene cerca de dos décadas de vigencia y ya cuenta con una propuesta de modificación elaborada por el área técnica. Ese proyecto fue remitido el año pasado y será analizado una vez que se inicie el período de sesiones ordinarias en abril.
Uno de los puntos en revisión
Entre los ejes centrales de la reforma aparece el destino de las multas aplicadas a empresas o prestadores que incumplen la normativa. Actualmente, esos montos son percibidos en su totalidad por el Estado provincial.
Martín señaló que el esquema vigente no contempla una compensación directa para quienes realizan la denuncia. En ese sentido, indicó que se evalúa introducir cambios para que una parte de esas multas pueda destinarse a los afectados.
La iniciativa apunta a incorporar algún tipo de reparación económica para quienes hayan sufrido un perjuicio, modificando el criterio actual en el que la sanción impacta únicamente sobre el infractor.
Actualización de la normativa
El vicegobernador sostuvo que la reforma busca generar un sistema más equilibrado y adaptado a las dinámicas actuales de consumo.
En ese sentido, remarcó la necesidad de revisar una legislación con varios años de vigencia para adecuarla a los cambios en el mercado y fortalecer los mecanismos de protección de los consumidores.
El rol del organismo
Durante la actividad, también se destacó el funcionamiento de la Dirección de Defensa del Consumidor como instancia administrativa para canalizar reclamos.
Según se explicó, el organismo permite abordar conflictos entre usuarios y prestadores de servicios sin necesidad de recurrir directamente a la vía judicial, lo que en muchos casos agiliza la resolución de los casos.
Además, se subrayó que este tipo de herramientas evita situaciones de desprotección para los ciudadanos, brindando un espacio accesible para realizar consultas y denuncias.
Por último, se hizo hincapié en la importancia de que la población conozca los mecanismos disponibles para defender sus derechos al momento de adquirir productos o contratar servicios.
