Skip links
Published on: Ciudadanos

Funcionario señalado por «persecución ideológica»: empresario denuncia trabas administrativas

Un empresario sanjuanino acusó a un funcionario identificado con el uñaquismo de utilizar su cargo para perjudicar a su empresa por diferencias ideológicas. La denuncia tomó estado público luego de que el empresario Sergio Vallejos, ex candidato a gobernador y líder de Evolución Liberal, relatara lo sucedido en un medio local.

Según Vallejos, su empresa, que se dedica al tratamiento de residuos peligrosos generados por la minería, la salud y la industria, enfrenta obstáculos desde hace meses para obtener una habilitación clave. «Hace seis meses comenzaron a trabar nuestro expediente sin motivos claros, poniéndonos palos en la rueda constantemente», afirmó.

El empresario señaló que, además de las demoras administrativas, un evaluador a cargo del trámite habría maltratado verbalmente a miembros de su equipo, incluyendo a una profesional en Gestión Ambiental. “Lo que colmó mi paciencia fue que insultara a una mujer que trabaja en mi empresa. Eso me obligó a enfrentar la situación directamente», explicó Vallejos, quien sostuvo que el conflicto refleja una «vendetta ideológica».

Vallejos añadió que las acciones del funcionario no solo ponen en riesgo la continuidad de su empresa, sino también el tratamiento de residuos en toda la provincia. «Procesamos el 90% de los residuos patogénicos de San Juan. Si clausuran la empresa, la provincia podría entrar en emergencia sanitaria», advirtió.

El empresario también vinculó al evaluador con sectores políticos ligados al uñaquismo, acusando a esta «estructura peronista histórica» de obstaculizar la gestión del gobierno actual. Aunque el funcionario renunció al expediente tras el enfrentamiento, Vallejos asegura que evalúa iniciar acciones legales por considerar que fue víctima de persecución ideológica.

«Estas prácticas son intolerables en una democracia. Voy a analizar si corresponde una denuncia penal por persecución ideológica, porque no se puede permitir que un sector utilice su influencia política para dañar a quienes piensan diferente», concluyó.

El caso reaviva las tensiones políticas en el Centro Cívico, con acusaciones cruzadas entre sectores oficialistas y opositores, y pone en debate la transparencia en la administración pública.