El Gobierno nacional dispuso la derogación de 973 resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el marco de un proceso de desregulación orientado a simplificar los controles y reducir la intervención estatal en la cadena productiva del vino. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que el nuevo esquema “pone fin a un sistema en el que el Estado buscaba controlar cada etapa del proceso productivo” y que, en adelante, el INV concentrará su tarea en garantizar la aptitud para el consumo y evitar adulteraciones en los productos.
En una publicación en redes sociales, Sturzenegger destacó el potencial del sector vitivinícola argentino y señaló que el objetivo de la reforma es “darle a la industria la flexibilidad necesaria para adaptarse a los cambios del mercado global”.
La resolución redefine el rol del INV, que dejará de intervenir en etapas como la cosecha, la elaboración o el transporte del vino, para centrarse exclusivamente en los controles sobre los productos finales embotellados.
Además, los certificados de origen, añada y varietal dejarán de ser obligatorios, pasando a un régimen optativo que podrá ser gestionado por los propios productores o por entidades privadas, de acuerdo con las estrategias comerciales de cada empresa.
El nuevo marco regulatorio abarca a bodegas, productores de uva, fábricas de mosto y espumosos, plantas fraccionadoras, distribuidores, exportadores, importadores y laboratorios enológicos.
Según el ministro, el cambio busca eliminar “un sistema sobrerregulado”, recordando que en 2024 el INV emitió más de 140 mil permisos de tránsito y realizó unas 5 mil inspecciones a bodegas, en algunos casos con controles cada pocos días. El funcionario finalizó aseverando que esta medida busca menos burocracia.
