El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, se reunió con el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, en medio de las discusiones por la futura Ley de Proveedores Mineros. Uno de los temas centrales del encuentro fue la creciente presencia de trabajadores extranjeros —principalmente chilenos— en proyectos mineros de la provincia, como el caso de Vicuña, un desarrollo conjunto entre las empresas BHP y Lundin Mining.
Tanto desde el Gobierno como desde el gremio de personal jerárquico minero, coincidieron en la necesidad de establecer normas más estrictas para priorizar el empleo local. «Primero San Juan», reclamó Mena, quien sostuvo que permitir mano de obra extranjera a menor costo “afecta el derecho al trabajo” y debilita el modelo de desarrollo que la provincia pretende consolidar.
ASIJEMIN propuso fijar por ley un mínimo de 80% de trabajadores sanjuaninos en cada emprendimiento minero. Además, se pretende avanzar en una legislación que elimine prácticas evasivas, como los «domicilios fantasmas», utilizados en el pasado para simular que una empresa tenía presencia real en San Juan.
En paralelo, se evalúan mecanismos de control más rigurosos: las compañías deberán presentar planes semestrales con el detalle de su contratación local, nacional y extranjera, bajo el formato de declaración jurada. Esto permitiría monitorear y comparar el cumplimiento de los objetivos por parte de cada firma.
Aunque en otras ocasiones fue reticente, esta vez la Cámara Minera accedió a participar del debate y acercó su propia propuesta. El desafío será encontrar un punto de equilibrio entre las demandas locales de empleo y los estándares de eficiencia que exigen las grandes operadoras internacionales.
