Cuando un dirigente aspira a representar a la provincia, lo justo es que primero rinda cuentas de lo que dejó en su propia casa. Romina Rosas, hoy candidata a diputada, llega a esa instancia con un lastre que no puede obviarse: su gestión en Caucete estuvo marcada por denuncias, deudas y conflictos que aún no tienen una explicación satisfactoria para los vecinos.
No son rumores: durante su intendencia empezaron a aparecer problemas concretos —pagos demorados, cuestionamientos por la gestión de servicios y una deuda con la empresa eléctrica que puso al departamento al borde del corte. Las quejas llegaron hasta el Concejo Deliberante y encendieron alarmas entre quienes deben fiscalizar. Ese diagnóstico no es menor: administra mal quien después pretende pedir más responsabilidades públicas desde un cargo nacional.
Postularse para diputada supone ofrecer un proyecto y, sobre todo, respaldarlo con gestión probada. Pero cuando la experiencia más visible es la de un municipio con sueldos demorados, denuncias en curso y la sensación de improvisación, la apuesta se vuelve débil. Es lógico que la militancia y la ciudadanía duden antes de salir a defender una boleta con ese prontuario.
La política exige coherencia: no alcanza con pedir votos y hacerse visible en actos si, al regresar al departamento, quedan expedientes abiertos y vecinos reclamando respuestas. El electorado no es inocente: recuerda obras que no se terminaron, pagos que no llegaron y promesas que quedaron por cumplir.
Si Romina Rosas pretende competir por un lugar en la representación nacional, lo mínimo sería que primero transparente lo ocurrido en Caucete, dé respuestas públicas, y demuestre que aprendió de los errores. La campaña no puede ser la tapa que oculte los problemas que dejan detrás; la provincia merece candidatos que no carguen con mochilas de gestión mal hecha.
En una campaña donde todos hablan de renovación y responsabilidad, los ciudadanos merecen más que discursos: merecen certezas. Y hoy, en el caso de Rosas, las certezas piden explicación.