La intendenta Romina Rosas parece decidida a batir todos los récords. No de gestión, claro, sino de escándalos administrativos. Ahora, sumó otro capítulo a su ya largo historial: Caucete debe más de 700 millones de pesos a DECSA —la distribuidora eléctrica municipal— y lejos de hacerse cargo, la jefa comunal opta por el viejo truco de echar culpas y mandar a hacer nuevas auditorías.
Así como transformó el municipio en una cooperativa de cargos políticos, ahora Caucete se parece a una cooperativa de deudas: gasta, promete, niega y, si queda algún saldo pendiente, que lo pague otro. En este caso, el salvavidas no vino del municipio sino de la provincia, que tuvo que salir a cubrir la deuda para que DECSA no se desfinancie y termine dejando sin luz a todo un departamento.
Mientras tanto, Romina Rosas se victimiza y acusa a la empresa de intentar cobrar «tres veces más» de lo que corresponde. ¿Tres veces más? ¿O tres veces menos de lo que en realidad gestionó mal su equipo? Las cuentas no cierran, y cada vez que alguien pregunta, la respuesta es una auditoría nueva. Y mientras las auditorías se acumulan, las deudas también.
En Caucete, la energía no se corta. Lo que se cortó hace rato fue la transparencia.
¿Será que Rosas está más ocupada en construir su propio entramado de poder que en gestionar? ¿Cuántos millones más deberá poner la provincia para tapar los agujeros que deja su paso por el municipio? ¿Y cuántos cargos políticos se seguirán sosteniendo a costa de las boletas impagas de la gente?
Preguntas que, como la luz en Caucete, cada tanto titilan… pero nunca terminan de encenderse.
