La aprobación pone en jaque a Cristina Fernández de Kirchner, quien dependerá de cómo se dé la votación en la cámara alta para saber si puede ser candidata en las Legislativas, por tener condena confirmada en segunda instancia en delitos contra la administración pública.
La iniciativa del oficialismo fue aprobada por mayoría absoluta de 144 votos y se giró al Senado. El proyecto modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, entre otros.
Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre-, silvestres provinciales y un sector de Encuentro Federal.
La sesión fue maratónica y el oficialismo consiguió el quorum sin demasiado problemas, ya que contó con el apoyo de todos los bloques, menos del kirchnerismo, de Unión por la Patria, la izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal.
Las legisladoras sanjuaninas que representan al oficialismo local votaron a favor de la iniciativa y fue la diputada Nancy Picón la que destacó que es una iniciativa que en su momento también apoyó Marcelo Orrego cuando ocupaba su banca en la cámara baja.
Sin embargo, los legisladores que responden a Sergio Uñac -Fabiola Aubone, Jorge “Coqui” Chica y Walberto Allende quedaron mal parados nuevamente. Es que en un primer momento comunicaron que estaban a favor de la iniciativa, y de hecho hay que recordar que el propio Uñac fue impulsor de esta ley que se aprobó en 2022 cuando fue gobernador de la provincia, y luego dos de ellos votaron en contra. Mientras que Aubone y Chica expresaron la negativa al proyecto del oficialismo, Allende no estuvo presente al momento de la votación.
La justificación ante esta actitud fue que el proyecto debería haber incluido delitos contra la integridad sexual, delitos de tráfico de estupefacientes, delitos de tráfico de personas, delitos de sustracción de menores, delitos contra el orden económico y financiero, delitos tributarios, delitos aduaneros, delitos contra la vida democrática, delitos cambiarios, posesión de fortunas en jurisdicciones que no colaboraran con las normas antilavado, contra el lavado de activos y contra el terrorismo.
De esta manera, una vez más, el PJ local se muestra incoherente con lo que se vota a nivel nacional y como ocurrió el proyecto de la suspensión de las PASO votaron en disonancia de lo que, en su momento, bajo la gestión de Uñac, se enarboló como valores prioritarios. Está claro que no se puede estar bien con Dios y con el diablo solamente en nombre del oportunismo político.
