La intendenta de Caucete, Romina Rosas, se dispone a reclamar al gobernador Marcelo Orrego sobre los fondos de emergencia municipal creados en la gestión de Sergio Uñac, fondos que ella misma celebró y defendió. Pero, ¿cómo se explica que estos recursos, antes alabados, hoy sean objeto de crítica? ¿Es este reclamo una cuestión de principios o simplemente de conveniencia política?
Estos fondos, equivalentes al 4% de la coparticipación municipal, fueron manejados discrecionalmente en el pasado, priorizando a los municipios afines al oficialismo de turno. ¿Dónde estaba la preocupación por la equidad cuando esos recursos se distribuían arbitrariamente? ¿Por qué lo que ayer era motivo de orgullo hoy parece ser el blanco de una ley para su eliminación?
El doble discurso es evidente. Esta práctica, que antes beneficiaba a sus intereses, ahora resulta incómoda para quienes veían en ella un mecanismo de poder político.
La coherencia en la gestión pública no es opcional; es una obligación. Resulta fundamental que las autoridades provinciales y municipales trabajen en un esquema de coparticipación que priorice la transparencia y la equidad, lejos del oportunismo político que estas prácticas representan.
La gestión pública exige consistencia y responsabilidad. ¿No es momento de preguntarse si los municipios necesitan recursos verdaderamente equitativos en lugar de herramientas condicionadas por intereses partidarios? Este episodio no solo expone la hipocresía, sino que abre la puerta a un debate más amplio: ¿qué tipo de sistema de coparticipación queremos para San Juan?
