En las últimas semanas, el debate en torno a la contratación de mano de obra local por parte de empresas mineras ha cobrado fuerza en San Juan. Cámaras empresariales y proveedores locales, encabezados por entidades como la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión Industrial de San Juan, han alzado la voz, exigiendo que empresas mineras como Barrick cumplan con los compromisos estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre la contratación de servicios locales.
El reclamo, aunque legítimo a primera vista, plantea una pregunta importante: ¿Es esta una lucha por el desarrollo económico local o hay intereses políticos ocultos? En medio de la disputa, Raúl Cabanay, vicepresidente de la Cámara Minera, ha destacado que si bien es crucial apoyar a los proveedores locales, lo primordial es asegurar que estos cumplan con los estándares de calidad exigidos por la industria minera. Esto lleva a preguntarse si todas las empresas locales están realmente preparadas para afrontar los desafíos y exigencias del sector minero.
Además, la situación ha llevado a que sectores empresariales pidan la intervención del Gobierno de San Juan como mediador en los conflictos entre las mineras y los proveedores locales. Fernando Godoy, presidente de Caprimsa, ha sido uno de los principales defensores de este enfoque. Sin embargo, sus críticas han sido interpretadas por algunos como parte de una estrategia política más que como un genuino interés por mejorar la competitividad de las empresas locales. La insistencia en la intervención estatal sugiere la posibilidad de que algunos actores busquen ejercer una mayor influencia política sobre la gestión minera, más allá de la simple preocupación por los trabajadores.
La defensa del empleo local es, sin duda, un tema sensible y necesario, pero también parece haberse convertido en un campo de batalla político. El trasfondo de los reclamos de ciertos empresarios y asociaciones levanta la duda sobre si están motivados por el bienestar de los trabajadores o por la posibilidad de obtener beneficios políticos. En este contexto, es esencial diferenciar entre aquellos que verdaderamente buscan el desarrollo de la provincia y aquellos que podrían estar utilizando esta causa como una herramienta para sus propios intereses.
