En minería, el que se enoja… pierde.

Luego de que, en su discurso de apertura del periodo ordinario de la Cámara de Diputados, el gobernador Marcelo Orrego anticipara que enviará a para su tratamiento el proyecto de ley para el Desarrollo de la Cadena de Valor y Comunidades Mineras sobre proveedores mineros, al presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), Fernando Godoy, aseguró que la nueva normativa podría afectar la llegada de más inversiones a la provincia. La postura de Godoy no es nueva, ya que desde que se conoció el trabajo en la iniciativa en 2024 viene sosteniendo lo mismo.
La postura es llamativa, debido a que la principal ventaja que se incorpora en este proyecto, que complementa al RIGI, es que define el concepto de proveedor local. La importancia de ello radica en que posibilitará a la provincia la exigencia a las empresas mineras que contraten trabajo sanjuanino para llevar adelante sus proyectos. La iniciativa no interferirá con la inminente aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, sino que más bien será complementario y busca ante todo proteger la mano de obra local. Es decir, no cambia las reglas y le brinda tranquilidad a la sociedad sanjuanina.
Curiosamente, Godoy sostiene que, si bien desde el año pasado vienen expresando su preocupación, no han sido convocados por la administración de Marcelo Orrego para dialogar sobre el tema, mientras que el resto de las cámaras sí. Dicho así, su postura parece responder a un planteo más de protagonismo que de fondo respecto del proyecto. Asimismo, argumentó que conoce que las empresas mineras saben bien qué es un proveedor minero, porque está definido por el RIGI, que otorga igualdad de oportunidades en precio y calidad a todos los proveedores de la República Argentina. Advirtiendo de esta forma, que una ley local podría entorpecer la llegada de inversiones y ocasionar inseguridad jurídica.
Desde la aprobación del RIGI a nivel nacional, tanto oficialismo como oposición sostuvo que era necesario proteger a los proveedores locales, de tal manera que no estuvieran en desventaja respecto del resto. Y la Provincia de inmediato se puso a trabajar en el tema. Fue el propio presidente de la UIA San Juan, Ricardo Palacios, quien destacó que, hay mucho desorden en cuanto a la normativa vigente y que eso facilitó las cosas a empresas que no son de San Juan a beneficiarse con los proyectos mineros que están emplazados en San Juan. “Esto es que sólo por generar un domicilio en San Juan y un CUIT era suficiente, una empresa de otra provincia se considera sanjuanina. Eso dio paso a una competencia desleal con los sanjuaninos que invierten y apuestan a su provincia”, afirmó Palacios.
Mientras que la Cámara de Servicios Mineros emitió un comunicado sosteniendo que, “esta legislación representa un avance significativo para fortalecer nuestra industria, fomentar el desarrollo económico y promover la capacitación, la innovación y la sustentabilidad en el sector minero de San Juan”.
¿Por qué será entonces que Godoy se opone a esta legislación? ¿Los intereses de CAPRIMSA irán más allá de los límites locales? ¿La carencia de una invitación a participar de una reunión es suficiente para oponerse a una ley que beneficiará al desarrollo económico y laboral de toda la provincia? El país y el mundo ponen sus ojos en San Juan debido al gran potencial tanto minero como energético de la provincia, gracias a los nuevos emprendimientos de cobre. Tal es así que señalan a la minería como el tren gigante que nos moverá a todos. No obstante, hay quienes aún están parados en el anden de que San Juan debe seguir siendo una provincia terminal. Resulta imperioso, en este contexto, cuidar los intereses de los sanjuaninos, y que los egoísmos se dejen de lado.