Cuando el gobernador Marcelo Orrego asumió en diciembre del 2023, dejó en claro cuál iba a ser el rumbo: orden, transparencia y austeridad en la administración del Estado. Con una economía nacional en crisis, la única manera de cuidar a los sanjuaninos era cuidando los recursos públicos. El resultado fue inmediato y concreto: San Juan se convirtió en la primera provincia en reactivar la obra pública con fondos propios. No por arte de magia, sino por gestión.
Dieciocho meses después, ese mensaje empieza a bajar a otros niveles del Estado. Y lo interesante es que quienes hoy intentan imitar esa línea de acción no son precisamente aliados políticos de Orrego, sino intendentes peronistas que, hasta hace poco, defendían estructuras sobredimensionadas y privilegios de la política como parte del paisaje.
Carlos Munisaga, en Rawson, pidió la renuncia de 76 funcionarios y justificó el ajuste diciendo que “son tiempos de austeridad”. En Valle Fértil, el intendente también decidió reducir la planta política y congelar sueldos, logrando un ahorro significativo. Son señales claras de que el ejemplo empieza a imponerse sobre los discursos.
¿Es oportunismo político? ¿Un sinceramiento tardío? ¿Un intento de alinearse con una sociedad que ya no tolera el despilfarro? Puede ser todo eso junto. Pero lo más importante es que la vara subió. Y la instaló Orrego.
El gobernador no hizo promesas vacías, hizo cuentas. No se escudó en la herencia, mostró resultados. En un contexto difícil, priorizó lo esencial: seguir generando empleo, mantener funcionando la provincia y volver a poner en marcha obras que llevaban años de espera.
Hoy, quienes gobernaron San Juan durante dos décadas y dejaron un Estado desordenado, inflado y dependiente, toman nota. La gente también. La austeridad no es un eslogan: es una forma de gobernar. Y en San Juan, ya es contagiosa.
