Por primera vez, San Juan aplicó el protocolo antipiquetes y lo hizo como se debe: sin violencia, sin atropellos y con un resultado que debería marcar el rumbo. Porque no se trató de prohibir el derecho a protestar, sino de garantizar el derecho a circular. Dos derechos que en democracia deben convivir, no anularse entre sí.
Durante años, muchos se acostumbraron a que cortar calles, rutas o el centro de la ciudad era una forma “válida” de hacerse escuchar. Lo que se olvidaban —o no les importaba— era que mientras tanto, miles de sanjuaninos quedaban varados, perdían horas de trabajo, perdían un turno médico o simplemente no podían llegar a donde necesitaban. Todo eso en nombre de una supuesta causa popular.
Pero ayer fue distinto. A quienes intentaron interrumpir la vía pública se los disuadió con firmeza y sin represión. El operativo fue ordenado, preventivo y dejó un mensaje claro: se puede protestar, sí. Pero no a costa de pisotear los derechos de los demás.
El protocolo antipiquetes no es una caza de manifestantes. Es una herramienta para devolverle a la calle su función principal: permitir que la gente viva su vida. Porque cuando unos pocos imponen su reclamo a fuerza de bloqueo, lo que hay no es lucha social. Es imposición.
San Juan mostró que se puede aplicar orden sin recurrir a la violencia. Que se puede defender la libre expresión sin ceder a la extorsión callejera. Que el Estado está para mediar, no para mirar para otro lado.
El derecho a huelga sigue intacto. Pero ahora también se respeta el derecho de miles a trabajar, circular, estudiar o simplemente moverse en paz. Y eso también es justicia social.
