Ya no sorprende, pero sigue indignando. Ahora es Pocito. El Tribunal de Cuentas imputó al exintendente y a varios de sus funcionarios un perjuicio patrimonial de casi 120 millones de pesos.
Se suman así a una lista cada vez más larga de gestiones peronistas municipales en San Juan que terminan en investigaciones, auditorías, imputaciones y escándalos. Chimbas, Capital, Caucete… ahora Pocito. Cambian los nombres, pero el libreto parece calcado: plata que no aparece, contratos poco claros, descontrol en las cuentas públicas.
Lo más grave es que estas no son denuncias mediáticas o cruces políticos. Son informes formales, firmados, con números que no cierran y responsabilidades que recaen directamente en los exfuncionarios.
Mientras tanto, esos mismos sectores del peronismo intentan mostrarse como alternativa para volver al poder, hablan de «unidad» y hasta quieren explicar cómo debe gobernarse la provincia. Pero no se hacen cargo de su propia historia reciente.
Porque la verdad es simple: si no pueden administrar bien ni un municipio, ¿cómo van a administrar la provincia?
Y peor todavía: cuando se los investiga, se victimizan, hablan de persecución política o echan la culpa a la oposición. Pero nunca hay autocrítica ni explicaciones reales para los vecinos que quieren saber dónde fue a parar su plata.
Pocito es solo el último ejemplo de un modelo de gestión que priorizó la rosca, los contratos a medida y el «aguantadero político» por encima de los servicios y las obras. Un modelo que muchos sanjuaninos ya decidieron rechazar en las urnas, pero que sigue vivito y coleando en algunos despachos y listas electorales.
Quizá haya llegado la hora de que el peronismo sanjuanino, en lugar de pedir «unidad», empiece a pedir transparencia. Porque la gente ya se cansó de pagar los platos rotos. Y de escuchar siempre la misma excusa.
