Se aprobaron en Diputados varios pedidos de informe sobre la gestión anterior. Y, como era de esperar, no faltaron los que pusieron el grito en el cielo. Que es persecución, que es revancha, que es política.
Pero conviene aclararlo de una vez: estos pedidos de informe no son un show político, son un reclamo ciudadano.
La gente en San Juan está harta de los secretos, de los números que no cierran, de las explicaciones a medias. Quiere saber en qué se gastó la plata. Quiere entender por qué se endeudó la provincia, cómo se manejaron los fondos, qué pasó con las obras, con la pauta, con las compras directas.
No es tan difícil: si todo está bien, que lo muestren. Si no hay nada que ocultar, que respondan. Transparencia no debería ser un favor, sino una obligación.
Porque esa plata no era de un partido político ni de un gobierno de turno. Era de los sanjuaninos. Y ellos merecen saber la verdad.
En un país donde la confianza en la política está por el piso, abrir los números y contestar preguntas no es atacar a nadie. Es cumplir con la democracia. Es respetar al votante.
Por eso es saludable que el Congreso pida informes y que el gobierno actual diga que va a contestar los suyos también. Porque no hay democracia sana sin control.
Y los sanjuaninos ya no se conforman con discursos bonitos. Quieren datos. Quieren respuestas. Quieren la verdad.
