En junio, el oficialismo ingresó pedidos de informes sobre varias obras y decisiones del gobierno anterior (2020–2023). A más de dos meses de eso, nada se ha movido. El silencio se convierte en sospecha cuando hay millones en juego y obras esenciales para la provincia.
Uno de esos pedidos se centra en el Acueducto Gran Tulum. La investigación preliminar sigue dejando mal parado a quienes estuvieron al frente. OSSE detectó que se instalaron 10 km de caños no aptos para sistemas de bombeo. Fueron pensados para fluir por gravedad. Resultado: terminaron todos desenterrados. La pérdida estimada: unos US$ 50 millones. El costo no es abstracto: es la mitad del préstamo nacional destinado a financiar la obra.
Los sanjuaninos quieren saber si esa quita tendrá consecuencias, si hubo sanciones, quién tomó las decisiones y bajo qué criterios. ¿Esto fue una torpeza técnica? ¿O un diseño político para favorecer proveedores locales sin experiencia? Y aún más: ¿por qué siguen enterrados sin que el pueblo obtenga explicación alguna?
Mientras tanto, hubo alertas previas que piden atención. Documentos de competidores consignaban que la empresa ligada al primo de Uñac ofrecía caños caros y con “respaldo técnico” dudoso. La Legislatura pidió esos datos. La respuesta hoy es: otra vez, silencio.
Lo que San Juan escucha ahora no es justificación: es la excusa de una administración que habla de “transformación” mientras desconoce la urgencia de rendir cuentas. Que demore, por acción u omisión, confirma que hay cosas que no quieren que se descubran.
El electorado no demanda perfectos; pide transparencia. No exige jueces: pide que quienes estuvieron a cargo expliquen sus decisiones. No todo es campaña. Algunas preguntas sobreviven a los discursos.
Así, San Juan sigue esperando respuestas, no pausas. La política debe volver a ser un diálogo con los ciudadanos, no un monólogo en oscuro. Y el Acueducto Gran Tulum exige, hoy más que nunca, eso: dialogar con claridad.
