En San Juan hay cosas que parecen no cambiar nunca. El poder político, cuando se siente cuestionado, responde con lo único que le queda cuando se le acaban los argumentos: la intimidación. Y si el poder no quiere ensuciarse directamente, manda a sus peones. Eso pasó con uno de los primos de Sergio Uñac, que decidió iniciar acciones judiciales contra periodistas por el simple hecho de que lo criticaron. Por suerte, la Justicia acaba de rechazar ese intento de censura disfrazado de demanda por injurias.
No es un hecho aislado. Hace unas semanas, otro periodista había contado que también fue querellado por el mismo personaje. ¿La razón? Una crítica política. Un comentario editorial. Nada más. Nada que no ocurra todos los días en cualquier democracia sana. Pero en la lógica uñaquista, cualquier voz que incomode merece un correctivo judicial. Como si la función pública no trajera aparejado el deber de rendir cuentas ni de tolerar el escrutinio público.
Lo más grave es el trasfondo. Porque no estamos hablando de un familiar alejado o de un hecho menor. Estamos hablando de alguien que tiene apellido, influencia y vínculos con uno de los hombres que más poder concentró en San Juan durante una década. Y que, incluso después de haber perdido peso político, sigue actuando como si tuviera coronita.
Sergio Uñac fue vicegobernador, dos veces gobernador y hoy ocupa una banca en el Senado que le cuesta al Estado más de 9 millones de pesos al mes, rodeado de casi 20 asesores. Votó en contra de la Ficha Limpia, ubicó amigos y exfuncionarios en cargos clave, y todavía se victimiza por no haber podido forzar un tercer mandato. Y ahora, mientras algunos de sus alfiles judicializan críticas, guarda silencio. No dice nada. No condena. No se despega.
La Justicia hizo lo que debía hacer: defender la libertad de expresión y rechazar el apriete. Pero lo cierto es que la sola existencia de estas demandas dice mucho más de la cultura política que cultivó el uñaquismo que de los periodistas denunciados. Porque cuando el poder necesita callar, es porque no tiene cómo explicar.
En una provincia que todavía se está sacudiendo la modorra del servilismo institucional, no hay lugar para estas prácticas. El debate público no puede depender del humor de un funcionario ni del ego herido de un pariente con poder. Si les molesta la crítica, que se dediquen a otra cosa. O que empiecen a responder con hechos en lugar de citaciones judiciales.
