El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles en las escuelas privadas, medida que pone fin a más de tres décadas de control estatal sobre el valor de las matrículas y cuotas. A partir del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, los colegios de gestión privada podrán establecer libremente sus precios, sin necesidad de aprobación previa por parte del Estado.
La decisión deroga el Decreto 2417/1993, que desde hace más de treinta años obligaba a las instituciones a informar y justificar cada modificación en sus aranceles. Según los fundamentos de la nueva medida, ese sistema resultaba obsoleto tras la descentralización educativa y la transferencia de competencias a las provincias.
El Ejecutivo argumentó que la regulación anterior dificultaba la sostenibilidad económica de los colegios y limitaba su capacidad de responder ante los cambios en los costos operativos. Además, planteó que el esquema de autorizaciones podía generar distorsiones, llevando a que algunas instituciones fijaran valores iniciales más altos para cubrirse ante la incertidumbre.
En el texto oficial también se subraya la necesidad de garantizar la libertad contractual y el derecho de propiedad de los establecimientos educativos. Según el Gobierno, la falta de flexibilidad en la actualización de aranceles podía terminar afectando la calidad del servicio ofrecido.
Como complemento, se instruyó al Ministerio de Capital Humano a revisar las disposiciones del Decreto 2542/1991, que regula el financiamiento de la educación privada, y a proponer modificaciones que promuevan un esquema más competitivo y transparente en el sector.
