El jefe comunal Sebastián Carbajal fue denunciado penalmente por el pago de cifras millonarias en contrataciones que estarían infladas. La Justicia ya tomó intervención en el caso.
La gestión municipal de Calingasta enfrenta un nuevo escándalo tras la denuncia penal presentada contra el intendente Sebastián Carbajal por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos. Según el escrito presentado ante la Justicia, el mandatario habría autorizado pagos con sobreprecios en la impresión de material gráfico y en la construcción de una pileta municipal.
El señalamiento fue realizado por el concejal Santos Zárate, del mismo espacio político que Carbajal, quien alertó que en la contratación de folletos turísticos se habría desembolsado una cifra exorbitante. Según la denuncia, el municipio pagó $4.920.629 por la impresión de 1.000 ejemplares, mientras que presupuestos obtenidos en imprentas de la capital sanjuanina arrojaron costos mucho menores, que oscilaban entre los $113.430 y los $125.402.
Otro punto bajo investigación es la obra de la pileta en el camping municipal, por la cual el municipio habría pagado $43 millones sin llamar a licitación, a pesar de que la normativa exige este procedimiento para montos elevados. Además, se acusa al intendente de no haber informado adecuadamente sobre el destino de los fondos ni haber rendido cuentas ante el Concejo Deliberante.
La denuncia fue radicada en la UFI Delitos Especiales y quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena. Mientras tanto, el escándalo profundiza la interna dentro del oficialismo departamental, donde ya hubo cruces previos entre Carbajal y otros referentes políticos locales.
No es la primera vez que la gestión del intendente se ve envuelta en polémicas. En el pasado, sus enfrentamientos con el exintendente Jorge Castañeda y con la presidenta del Concejo Deliberante, Patricia Castillo, marcaron quiebres en el espacio oficialista. Recientemente, Carbajal también generó controversia al anunciar que solo los medios con pauta municipal podrán cubrir las actividades oficiales, lo que generó fuertes críticas en el ámbito periodístico.
Ahora, con una causa en marcha, será la Justicia la que determine si hubo delito en las contrataciones denunciadas.
