Un nuevo capítulo de tensiones políticas se abre en San Juan tras el reclamo judicial presentado por el exfuncionario Guillermo Leonardi, históricamente ligado al peronismo. Leonardi, quien fue interventor en el municipio de Iglesia durante la gestión del exgobernador José Luis Gioja, fue removido de su cargo tras alinear su apoyo con César Gioja en la reforma constitucional que habilitó el tercer mandato de su hermano José Luis. Ahora, su familia busca frenar la expropiación de un cerro estratégico para las comunicaciones en el departamento de Iglesia.
El cerro en cuestión alberga siete antenas clave para las telecomunicaciones y la seguridad del departamento, incluyendo instalaciones de Gendarmería Nacional, Defensa Civil, Movistar y la minera Barrick Gold, además de otras antenas de telefonía e Internet. La expropiación fue impulsada por el actual intendente Jorge Espejo, del Partido Bloquista y aliado del exgobernador Sergio Uñac. La medida se presentó como una solución definitiva tras años de conflicto generado por Leonardi, quien en una audiencia pública llegó a amenazar con «agarrar una amoladora y bajar las antenas» si no se le pagaba lo que exigía por el uso del terreno.
El municipio argumenta que la expropiación, aprobada mediante la ordenanza 2064, es esencial para garantizar la continuidad de los servicios estratégicos de comunicación y seguridad en Iglesia. Según el informe de la Dirección de Conectividad y Ciberseguridad, el cerro tiene una ubicación óptima y estratégica que permite mantener al departamento comunicado con el resto del mundo, facilitando además operaciones mineras que generan beneficios indirectos a la economía local.
A pesar de esto, Leonardi, actuando como abogado de su familia, ha interpuesto recursos judiciales y emprendido una campaña mediática en medios nacionales afines al kirchnerismo, como Página 12 y Canal Extra, en un intento por desacreditar la expropiación. El ex interventor sostiene que la medida vulnera derechos adquiridos y que es un acto promovido por el gobierno provincial, aunque este ha aclarado que no tuvo injerencia en la decisión. Desde el municipio se refuerza que la expropiación fue estrictamente local, y que la Provincia solo se comprometió a adelantar los fondos necesarios en base a un convenio marco firmado en 2021.
La controversia ha escalado a un debate político que expone las tensiones entre lo público y lo privado en una provincia donde la minería tiene un peso determinante. Mientras que el municipio defiende la medida como una garantía de soberanía local y desarrollo estratégico, Leonardi busca frenar el proceso, apoyándose en argumentos legales y presiones políticas.
El proceso aún no está cerrado. Aunque la ordenanza que declara la utilidad pública sigue vigente, podría ser revertida si la Justicia acepta el amparo de Leonardi o si se cuestionan los fundamentos y la indemnización en el juicio de expropiación que todavía debe realizarse.
La Justicia ha rechazado hasta ahora los amparos presentados por Leonardi, pero el caso sigue abierto, y su resolución podría tener repercusiones significativas para el manejo de los recursos estratégicos en San Juan. Este nuevo capítulo en la disputa pone en juego los límites entre lo público y lo privado en una provincia donde la minería es una pieza clave del desarrollo económico.
