La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años y dejó expuesta una clara división entre los seis legisladores que representan a San Juan.
Por un lado, los diputados alineados con el presidente Javier Milei —Jose Peluc y Abel Chiconi, de La Libertad Avanza— votaron afirmativamente. En el mismo sentido se pronunciaron los representantes vinculados al gobernador Marcelo Orrego, Nancy Picon y Carlos Jaime.
En contrapartida, los legisladores de Unión por la Patria, Cristian Andino y Jorge Chica, rechazaron la iniciativa.
El proyecto aprobado fija en 14 años la edad mínima de punibilidad y establece un tope de 15 años para las penas privativas de la libertad aplicables a adolescentes. Sin embargo, introduce criterios restrictivos: la prisión efectiva solo podrá dictarse en casos de delitos graves, con escalas penales de diez años o más. Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento y medidas de reparación.
La norma también define estándares específicos para la detención de menores —alojamiento separado de adultos y acceso a educación y programas de resocialización— y contempla una asignación presupuestaria inicial de $23.000 millones. Su entrada en vigencia sería seis meses después de su reglamentación.
Unanimidad sanjuanina por el acuerdo Mercosur–Unión Europea
Si en la baja de imputabilidad hubo grieta, el escenario fue distinto en la votación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. En este caso, los seis diputados sanjuaninos votaron a favor.
Peluc y Chiconi acompañaron en línea con el oficialismo nacional. Picón y Jaime hicieron lo propio desde el espacio alineado con Orrego. La novedad política estuvo en el peronismo: Andino y Chica se despegaron de la posición mayoritaria de Unión por la Patria y respaldaron el entendimiento, argumentando que el tratado abre oportunidades para sectores estratégicos de la economía sanjuanina, como la minería y la vitivinicultura.
El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción, apunta a eliminar aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y reducir barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos. No obstante, su implementación dependerá también de instancias de revisión en la Unión Europea.
Así, la sesión dejó una doble postal política para San Juan: división en un tema sensible como la imputabilidad penal juvenil, pero consenso pleno en una decisión estratégica vinculada a la inserción internacional y al perfil productivo de la provincia.
