La Corte Suprema de Justicia de la Nación fue contundente: ratificó por unanimidad la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no solo reafirma la pena de seis años de prisión, sino también su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Se terminó el verso. Se acabó la narrativa del lawfare. Y lo que queda en pie es lo que siempre estuvo ahí: corrupción probada, daño al Estado y una líder política que usó su poder para beneficiar a los suyos.
La expresidenta había sido condenada en 2022 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El fallo de la Corte ahora deja sin margen para excusas. Rechazó, uno por uno, todos los argumentos de la defensa de Cristina. No hubo persecución, no hubo arbitrariedad. Hubo pruebas. Documentos. Mensajes. Negocios cruzados con Lázaro Báez. Hoteles, contratos, decretos a medida. Y sobre todo, una certeza: Cristina sabía. Cristina quiso. Cristina ordenó.
“Relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares”, dice el fallo. Esa frase sola basta para entenderlo todo. Usó el Estado como trampolín para enriquecerse. Y lo hizo a la vista de todos, durante años, con una impunidad que parecía eterna. Hasta ahora.
Mientras tanto, sus defensores siguen gritando “proscripción”. Como si una condena dictada por dos instancias judiciales y revisada por la Corte Suprema fuera un capricho. Como si una democracia sana no debiera, justamente, impedir que alguien condenado por corrupción vuelva a manejar fondos públicos. El sistema funcionó. Cristina está inhabilitada. Y eso no es persecución: es justicia.
Por más que el peronismo santuario insista en blindarla —desde Gioja hasta Uñac y Andino—, los hechos no se tapan con declaraciones. La Corte fue clara: hubo delito, hubo intención y hubo perjuicio. Que ahora intenten disfrazar esa realidad de “persecución política” es simplemente una forma de no admitir que el castillo de impunidad se les está cayendo a pedazos.
Cristina fue condenada. No por lo que piensa, ni por su apellido, ni por ser mujer. Fue condenada por robarle al Estado. Y eso, en una república, tiene consecuencias.
