El Gobierno nacional evalúa introducir cambios en la Ley de Glaciares a través de un decreto. El objetivo sería limitar las áreas protegidas y así habilitar nuevos desarrollos mineros e hidrocarburíferos. Sin embargo, científicos de San Juan —una de las provincias con mayor superficie glaciaria del país— manifestaron su preocupación por los posibles impactos ambientales y legales que la medida podría generar.
Desde la comunidad académica local insisten en que cualquier modificación debe realizarse con respaldo técnico, respeto al federalismo y un fuerte criterio de conservación de las fuentes hídricas.
«No se puede gobernar sin ciencia»
Silvio Pastore, referente en glaciología de la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que “no se puede modificar una ley por decreto” y señaló que, aunque la normativa actual necesita ajustes, estos deben hacerse dentro del marco legal y con participación científica. “No podemos legislar sobre ambiente sin evidencia ni consulta. Las leyes ambientales deben ser políticas de Estado”, sostuvo.
Un cambio con impacto nacional
Según trascendidos, el decreto establecería nuevos criterios para delimitar las áreas protegidas, restringiendo el ambiente periglaciar solo a zonas activas mayores a una hectárea y con función hídrica comprobada. Esto podría dejar fuera amplias zonas hoy protegidas de manera automática.
El inventario oficial del Ianigla detalla que en San Juan existen 825 glaciares distribuidos en más de 98 mil hectáreas. Según especialistas, hay al menos cuatro áreas —incluyendo el Mercedario y la Cordillera de La Ramada— que deben quedar excluidas de toda explotación por su valor ambiental, turístico y estratégico como reserva de agua.
La ciencia como herramienta de desarrollo
Los expertos coinciden en que la minería puede convivir con el ambiente si se actúa con responsabilidad. Pero advierten que sin claridad técnica, control provincial y participación ciudadana, los cambios podrían aumentar los conflictos sociales y dañar irreversiblemente ecosistemas clave.
En ese contexto, desde la Cámara Minera de San Juan señalaron que siguen con atención el avance del decreto y que emitirán un comunicado oficial una vez que se conozca su texto definitivo.
Una decisión que marcará el rumbo
Para los especialistas sanjuaninos, lo que está en discusión no es sólo una ley, sino el tipo de desarrollo que se busca construir. “Hay que proteger nuestras montañas, nuestras fuentes de agua y nuestro futuro”, resumen. El desafío: compatibilizar inversión, ambiente y ciencia con una mirada verdaderamente federal.
