El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado en una causa que investiga un posible enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara una serie de medidas para analizar su evolución patrimonial.
La investigación se inició a partir de una denuncia que advierte presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas. Entre los puntos señalados, se menciona un crecimiento significativo de su patrimonio en un corto período de tiempo, lo que motivó la intervención judicial.
Uno de los ejes del expediente está vinculado a la posible existencia de bienes no declarados. En particular, se investiga una vivienda ubicada en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, que no habría sido incluida en la documentación presentada ante los organismos de control.
Según consta en la causa, también se busca determinar la relación del funcionario con la construcción de ese inmueble, así como el origen de los fondos utilizados para su financiamiento.
En este contexto, el fiscal solicitó una serie de medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a distintos organismos, con el objetivo de reconstruir el patrimonio del funcionario. Entre ellos, se encuentran registros de propiedad, datos previsionales, información de la Oficina Anticorrupción y movimientos financieros.
Además, se requerirá información sobre posibles participaciones en sociedades, transferencias de dinero y otros indicadores que permitan establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y los bienes que se le atribuyen.
La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá definir los próximos pasos del expediente y resolver si se avanzará con las medidas solicitadas.
El foco de la investigación está puesto en determinar si hay irregularidades en la evolución patrimonial del funcionario o si los incrementos registrados pueden ser debidamente justificados.
