El Gobierno nacional resolvió avanzar con la declaración de la emergencia ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en respuesta a los incendios forestales que afectan a distintas provincias del sur del país y que ya consumieron decenas de miles de hectáreas.
La decisión fue tomada luego de una reunión de la denominada “mesa política” del Ejecutivo en Casa Rosada, en la que participaron referentes centrales del oficialismo. Según trascendió, el uso del DNU se fundamenta en la urgencia de la situación y en la necesidad de evitar los tiempos legislativos que implicaría el tratamiento de una ley en el Congreso.
La medida llega tras semanas de reclamos de los gobernadores patagónicos, quienes habían solicitado formalmente la declaración de zona de desastre ante el avance del fuego en provincias como Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz. Si bien desde el Ejecutivo señalaron que el pedido de los mandatarios no fue el único factor, el contexto de presión política y social aceleró la definición.
En paralelo, el Gobierno confirmó el envío de $4.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Chubut, como parte de la asistencia financiera para afrontar la emergencia. La transferencia se dio en un escenario de negociaciones abiertas entre la Nación y las provincias, aunque desde fuentes oficiales evitaron vincularla directamente a otros debates legislativos en curso.
Junto con el DNU, el Ministerio de Seguridad oficializó una resolución que asigna más de $100.000 millones a asociaciones de bomberos voluntarios de todo el país. Según el detalle difundido, la mayor parte de los fondos será destinada a entidades de primer grado, mientras que las federaciones provinciales también recibirán partidas específicas.
Desde sectores de la oposición, sin embargo, surgieron cuestionamientos sobre el origen de esos recursos. Algunos legisladores señalaron que no se trataría de fondos nuevos, sino de partidas correspondientes a ejercicios anteriores que aún no habían sido giradas.
La declaración de la emergencia ígnea permitirá al Estado nacional activar mecanismos excepcionales para la gestión del riesgo y agilizar el envío de ayuda a las zonas afectadas. La publicación del decreto es inminente, en un contexto climático que sigue complicando las tareas de control y extinción de los incendios activos en la región.
