El debate parlamentario previsto para febrero sobre una aclaratoria a la Ley de Glaciares volvió a instalar a la minería como uno de los temas clave de la agenda económica nacional. La discusión genera especial expectativa en provincias mineras como San Juan, donde varios proyectos permanecen paralizados a la espera de definiciones sobre el alcance de las zonas protegidas.
Desde el ámbito oficial y empresarial señalan que, de avanzar la iniciativa, podrían destrabarse inversiones por alrededor de 14.000 millones de dólares que hoy se encuentran frenadas por la falta de certezas jurídicas. El principal impacto se daría en el cobre, considerado un mineral estratégico para la transición energética a nivel global.
En total, al menos siete proyectos cupríferos avanzados localizados en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca podrían reactivarse si se clarifican los límites entre áreas productivas y zonas protegidas. Según estimaciones del sector, esas iniciativas permitirían a Argentina escalar posiciones en el mercado internacional y alcanzar una producción anual cercana a 1,2 millones de toneladas de cobre.
En el caso de San Juan, donde se concentran algunos de los emprendimientos más relevantes del país, la definición legislativa es observada como un paso determinante. Las compañías advierten que la indefinición sobre el área periglaciar dificulta el acceso al financiamiento y retrasa el inicio de obras de gran escala.
El litio también aparece dentro del análisis, aunque con un escenario diferente. En pocos años, Argentina pasó de tener dos proyectos en producción a contar con siete emprendimientos activos. Sin embargo, la fuerte baja del precio internacional expuso la volatilidad del mercado, lo que moderó las expectativas de expansión en el corto plazo, pese a que el mineral sigue siendo clave para la industria de baterías.
Otro de los puntos centrales del debate es el impacto en el empleo. De acuerdo a estimaciones privadas, cada proyecto de cobre podría generar miles de puestos de trabajo durante su construcción y más de dos mil empleos estables en la etapa operativa, con desarrollos que pueden extenderse durante varias décadas.En este contexto, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones aparece como una herramienta para atraer capitales, aunque desde el sector empresario reconocen que la estabilidad normativa sigue siendo un factor decisivo. Para las provincias mineras, la aclaratoria a la Ley de Glaciares se presenta así como una definición clave para pasar de los proyectos a las inversiones concretas.
