El debate sobre la baja en la edad de imputabilidad penal volvió a tomar fuerza en el Congreso tras un crimen que generó fuerte impacto social. La senadora Patricia Bullrich adelantó que este año buscará avanzar con el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, luego del asesinato de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años de Santa Fe, cuyo homicidio fue cometido por jóvenes de entre 14 y 16 años y quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.
La discusión ya había tenido avances durante 2025 en la Cámara de Diputados, donde se analizaron más de una decena de proyectos presentados por distintos bloques políticos. Ese proceso derivó en un dictamen que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, un punto que genera apoyos y rechazos transversales en el arco político.
El tema también había sido instalado por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones legislativas del 1 de marzo de 2025. En aquel discurso, el mandatario reclamó la aprobación de la ley al considerar que quienes cometen delitos graves con conciencia de sus actos deben afrontar consecuencias penales, y pidió además una revisión integral del Código Penal.
El reclamo presidencial se dio en un contexto marcado por otros hechos de inseguridad protagonizados por menores, como el caso de Kim Gómez, la niña de siete años que murió durante un robo en La Plata, cometido por adolescentes de 14 y 17 años. En ese momento, Milei cuestionó que la legislación vigente impida juzgar penalmente a menores de determinada edad, aun en delitos de extrema gravedad.
Ahora, con el crimen de Monzón como disparador, Bullrich volvió a poner el tema en agenda. A través de sus redes sociales, sostuvo que el Congreso deberá definirse entre acompañar a las víctimas o sostener lo que calificó como un sistema que deja sin sanción a menores que cometen delitos violentos. Además, planteó avanzar hacia un esquema similar al de países vecinos, con responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas.
La reactivación del debate anticipa un nuevo cruce político y social en el Congreso, donde la discusión sobre seguridad, derechos de los menores y el rol del Estado volverá a ocupar un lugar central durante este año legislativo.
