Este lunes, la Justicia realizó una serie de allanamientos en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la provincia, en el marco de una causa penal que investiga un presunto delito de falsificación de firmas en documentos públicos. Los hechos bajo análisis se habrían producido durante la gestión anterior, entre 2019 y 2023, y están vinculados al mantenimiento de edificios escolares.
De acuerdo a fuentes judiciales, se trata de un expediente que había sido iniciado bajo el antiguo sistema penal y que fue reactivado recientemente. Actualmente, la investigación se encuentra en la órbita de la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, que reemplazó al ex Tercer Juzgado de Instrucción.
La causa involucra once expedientes correspondientes al período 2019–2023, todos relacionados con una misma empresa dedicada al mantenimiento de escuelas. Según se informó, la firma no presta servicios en la actualidad y su última obra registrada data de 2022. Por el momento, no trascendió oficialmente el nombre de la empresa.
Los allanamientos se realizaron a partir de una denuncia presentada por Roberto Enrique Aguirre, quien figura como denunciante y presunto damnificado en la causa. Los procedimientos se concentraron en distintas áreas de la Secretaría, en particular en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores, además de otras reparticiones donde se resguardan expedientes originales.
Según consta en la orden judicial, el objetivo fue secuestrar documentación vinculada a contrataciones directas, en las que figuran planillas de cómputo y presupuesto con firmas atribuidas a Aguirre en su carácter de maestro mayor de Obras. El denunciante sostiene que esas rúbricas no le pertenecen y que habrían sido falsificadas.
Todo el material incautado será incorporado al expediente para su análisis y peritaje. La investigación continúa en curso y apunta a determinar si existieron responsabilidades penales en los hechos denunciados.
