El diputado nacional por San Juan, Walberto Allende, anunció que solicitará informes formales para entender por qué las empresas mineras dedicadas a la extracción de oro, plata y cobre llevan meses sin pagar las retenciones correspondientes a sus exportaciones, tal como lo establece la normativa vigente. El pedido estará dirigido tanto al Ministerio de Economía como a la Secretaría de Minería de la Nación.
En declaraciones al programa “Un Café con Martínez” de Canal 13, Allende reveló que la situación involucra a 10 compañías mineras en todo el país, incluidas las que operan en los yacimientos sanjuaninos Veladero y Gualcamayo. “No se trata solo de una empresa, como se mencionó al principio. Son varias, y la falta de pago se debe a que la Nación no actualizó la normativa que regula las alícuotas aplicables al sector minero”, explicó el legislador.
Allende remarcó que las retenciones no cobradas suman aproximadamente 2.600 millones de dólares a nivel nacional, de los cuales cerca de 70 millones corresponden únicamente al yacimiento Veladero. “Estos fondos no son coparticipables, pero son esenciales porque financian programas nacionales que luego impactan en las provincias”, puntualizó.
“Estos fondos no son coparticipables, pero son esenciales porque financian programas nacionales que luego impactan en las provincias”
El diputado expresó su sorpresa ante la falta de comunicación oficial sobre el tema y cuestionó la pasividad del gobierno nacional: “Es llamativo que esto haya pasado desapercibido. Desde abril se sabía que había irregularidades, pero pensé que se había solucionado. Ahora vemos que no fue así”.
La situación podría derivar en un conflicto mayor, ya que Allende destacó una posible desigualdad en el trato hacia otras actividades extractivas, como la del litio, cuyas empresas sí tributan regularmente. “Es una clara falta de equidad, y eso puede generar tensiones entre los distintos sectores productivos”, advirtió.
El pedido de informes busca esclarecer qué acciones tomará la Nación para regularizar esta situación que afecta no solo a las arcas nacionales, sino también al financiamiento de iniciativas que benefician a las provincias.