El diputado nacional Walberto Allende, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, presentó un pedido de informes con el fin de obtener respuestas sobre la suspensión del pago de retenciones a las exportaciones mineras, que afecta a 10 empresas del sector, entre ellas Barrick y Gualcamayo. Desde enero de 2024, las compañías dejaron de abonar este tributo debido a la expiración de un decreto clave.
La falta de renovación del decreto y sus consecuencias
El decreto que regulaba las retenciones venció el 31 de diciembre de 2023, generando un vacío legal que dejó a las empresas sin obligación de tributar durante este año. Allende criticó la falta de explicaciones por parte del Gobierno Nacional sobre por qué no se renovó esta normativa. «No ha habido una justificación ni un informe oficial que dé cuenta de esta omisión», declaró el legislador.
El impacto económico es considerable. Según un informe adjunto al pedido de Allende, elaborado por el periodista Juan Manuel Gómez López y publicado en DIARIO HUARPE, el Estado dejó de recibir alrededor de $250.000 millones en derechos de exportación de minerales como el oro y la plata entre enero y octubre de este año. Este dinero, según el diputado, benefició directamente a las empresas sin ninguna contraprestación para las provincias.
El reclamo por una mayor responsabilidad social
Allende también expresó su preocupación por la falta de acciones de las empresas mineras para compensar la pérdida de ingresos que podrían haberse destinado a proyectos de infraestructura en las provincias productoras. «La minería debe demostrar que aporta más allá de lo estrictamente económico. La falta de inversión en la comunidad alimenta los argumentos de quienes cuestionan la actividad», advirtió.
El diputado cuestionó además la actitud de las empresas al no proponer soluciones para paliar la situación. «Es inadmisible que no se haya buscado una forma de utilizar esos recursos en beneficio de las comunidades mineras», enfatizó.
Responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Congreso
Mientras algunos sectores políticos y empresariales señalan que la responsabilidad recae en el Ejecutivo Nacional, que debe establecer las alícuotas de exportación, Allende destacó que ni el Congreso ni el Ejecutivo han tomado medidas concretas para resolver la cuestión.
El pedido de informes será enviado al presidente de la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía, con la intención de esclarecer los motivos detrás de la no renovación del decreto y las posibles acciones futuras para evitar un perjuicio económico prolongado.
Mirada al futuro
Aunque el legislador consideró poco probable que las empresas paguen retroactivamente las retenciones adeudadas, subrayó la necesidad de buscar soluciones a largo plazo para asegurar que la minería aporte al desarrollo de las localidades mineras, especialmente en infraestructura. «Es fundamental que la minería contribuya al bienestar de las comunidades que la soportan», concluyó Allende.
