El municipio de Caucete presentó ante la Justicia Civil, Comercial y Minería una demanda de nulidad y una medida cautelar de “no innovar” para detener la aplicación de dos resoluciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Estas resoluciones reconocen una deuda de unos $500 millones a favor de la Distribuidora Eléctrica de Caucete (Decsa).
La gestión de la intendenta Romina Rosas sostiene que el organismo provincial favoreció a la empresa en la disputa por la facturación del alumbrado público y por el uso del Cargo Único Municipal (CUM), un recargo destinado a financiar la iluminación de calles y edificios comunales.
Según una auditoría técnica encargada por el municipio, el consumo real de las más de cinco mil lámparas de la ciudad sería casi cinco veces menor al que imputa la distribuidora. Para la comuna, esto constituye un cobro indebido que impacta directamente en las cuentas públicas.
Además, desde la Municipalidad se cuestiona la falta de una audiencia pública previa, instancia que consideran fundamental para garantizar el derecho de los usuarios a ser escuchados.
Mientras el expediente judicial avanza, el municipio pide que se suspenda cualquier cobro hasta que se defina el caso y que la facturación se realice de acuerdo con los consumos efectivamente medidos.
