En medio de las discusiones sobre posibles modificaciones a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), la ministra de Gobierno, Laura Palma, subrayó que la seguridad vial debe ser la prioridad en cualquier decisión que se tome al respecto.
En los últimos días, dos anuncios han puesto nuevamente el tema en el centro de la agenda pública. Por un lado, el diputado bloquista Luis Rueda presentó un proyecto que propone suspender la obligatoriedad de la RTO por un año para evaluar su impacto en la seguridad vial. Por otro, el Gobierno Nacional comunicó cambios en los plazos para la inspección vehicular, estableciendo que los autos nuevos deberán realizarla a partir del quinto año desde su patentamiento, y cada dos años cuando superen los diez años de antigüedad.
Al ser consultada sobre la iniciativa provincial, Palma aclaró que aún no ha tenido acceso al texto del proyecto, pero enfatizó que la discusión debe darse en el ámbito legislativo. «No me corresponde a mí definir si debe suspenderse o no, eso es una decisión que deben tomar los legisladores en un debate serio. Lo que está claro es que la seguridad vial debe estar por encima de todo», sostuvo.
El proyecto impulsado por Rueda argumenta que la suspensión permitirá analizar el verdadero impacto de la RTO en la seguridad vial y evaluar el estado de la infraestructura vial en la provincia. Además, aclara que no se trata de disminuir los controles de tránsito, sino de reforzar las inspecciones vehiculares a través de otros mecanismos.
La propuesta ha generado diversas reacciones, especialmente desde organizaciones que promueven la seguridad vial. La Asociación Familias del Dolor y la Esperanza expresó su rechazo mediante un comunicado en el que señaló que «la RTO es una herramienta clave para garantizar que los vehículos circulen en condiciones óptimas y reducir los siniestros viales. Suspenderla sería un retroceso en la lucha por disminuir los accidentes de tránsito, que han cobrado muchas vidas en San Juan».
En cuanto a las modificaciones anunciadas a nivel nacional, Palma indicó que la provincia deberá evaluar si adhiere o no a las nuevas disposiciones. «La RTO está regulada por la Ley Nacional de Tránsito, por lo que cualquier cambio debe analizarse en ese marco. Luego, cada provincia decidirá si se adhiere. Desde el Ejecutivo, no tomamos esas decisiones, solo aplicamos la ley vigente», explicó.
Finalmente, la ministra destacó que el Gobierno provincial considerará tanto la opinión de los sanjuaninos como la necesidad de garantizar la seguridad vial. «Es fundamental encontrar un equilibrio entre lo que quieren los ciudadanos y la protección de la vida en nuestras rutas», concluyó.
