El Gobierno nacional dispuso que, desde el 1 de julio de 2025, los trabajadores del sector público que no hayan aprobado el examen de idoneidad quedarán excluidos de futuras contrataciones o renovaciones de contrato. Así lo establece la Resolución 48/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a todo el aparato estatal: desde la administración central y organismos descentralizados hasta empresas con mayoría estatal, entes autárquicos y fondos fiduciarios. La iniciativa se enmarca dentro del plan de reestructuración del Estado que lidera el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Según el artículo 1 de la norma, solo podrán seguir vinculados al Estado quienes hayan aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias, implementada desde el año pasado. En caso de tener un contrato vigente más allá del 30 de junio, este quedará sin efecto si el empleado no aprobó el examen.
Durante diciembre de 2024, se informó que el 95% de quienes rindieron la prueba lograron pasarla en su primer intento. En total, fueron evaluados unos 9.000 agentes públicos, tanto de planta transitoria como contratados, en una instancia obligatoria que incluyó preguntas sobre habilidades básicas y específicas.
El examen se realiza de forma presencial, es anónimo y tiene formato multiple choice. Está dividido en tres categorías según el perfil del puesto: servicios generales, administrativos y profesionales. Cada persona dispone de tres oportunidades para aprobarlo.
Con esta política, el Gobierno busca reducir el tamaño del Estado y garantizar estándares mínimos de desempeño para quienes ocupen funciones públicas.
