Un grupo de diputados del bloque Bloquista presentó en la Cámara de Diputados de San Juan un proyecto de ley que propone la creación de un Régimen de Desarrollo Local Minero. La iniciativa busca ampliar la participación de empresas y trabajadores sanjuaninos en la cadena de valor de la actividad.
El proyecto fue impulsado por los legisladores Luis Rueda, Gustavo Deguer y Federico Rizo, quienes plantean la necesidad de actualizar el marco normativo que regula actualmente el vínculo entre la minería y el desarrollo local.
En los fundamentos del proyecto, los diputados sostienen que la minería se ha consolidado como uno de los sectores centrales de la economía provincial, tanto por el volumen de inversiones que genera como por su impacto en el empleo y en las economías regionales.
Sin embargo, señalan que la legislación vigente, establecida por la Ley 8421, quedó desactualizada frente a la evolución que ha tenido la actividad en los últimos años. Por ese motivo, la propuesta plantea su derogación y la creación de un nuevo régimen con instrumentos más amplios para promover el desarrollo local.
Registro de proveedores y metas de empleo
Uno de los ejes del proyecto es la creación de un Registro Provincial de Proveedores Mineros, que permitiría identificar, certificar y fortalecer a las empresas locales que participan en la industria.
Además, la iniciativa establece que las compañías mineras deberán presentar planes obligatorios de empleo local y desarrollo de proveedores. Estos programas deberán actualizarse periódicamente y estarán sujetos a instancias de control y seguimiento por parte de la autoridad de aplicación.
Como objetivos de referencia, el proyecto propone alcanzar hasta un 80% de empleo local en los proyectos mineros y hasta un 70% de contratación de bienes, obras y servicios con proveedores locales certificados.
Prioridad para zonas mineras
El texto también incorpora criterios de prioridad territorial, con el objetivo de favorecer a los departamentos donde se desarrollan los proyectos mineros y a las áreas consideradas de influencia directa.
A su vez, contempla la aplicación de una regla de comparabilidad de precios, que permitiría dar prioridad a proveedores locales cuando sus propuestas sean técnicamente equivalentes y competitivas frente a ofertas externas.
Espacios de diálogo y control
Entre los mecanismos previstos también se incluye la creación de espacios permanentes de diálogo sectorial entre el Estado provincial, las empresas operadoras, los proveedores y los municipios vinculados a la actividad minera.
El proyecto establece además la presentación periódica de declaraciones juradas por parte de las empresas, facultades de auditoría para el Estado y un régimen de infracciones y sanciones en caso de incumplimientos.
En cuanto a la implementación, la iniciativa prevé un esquema de transición que permita mantener en funcionamiento el actual Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras (RUPEM) mientras se avanza hacia el nuevo sistema propuesto.
