El debate en torno a la participación de proveedores chilenos en proyectos mineros de San Juan vuelve a encender la polémica. La atención se centra en el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile, vigente desde el año 2000 y con fecha de vencimiento en 2030.
Este acuerdo establece que, en determinadas áreas de operación, las empresas pueden trabajar con insumos, servicios y mano de obra de ambos lados de la cordillera como si no existieran fronteras. Para las compañías significa costos más bajos y mayor eficiencia, pero para cámaras empresarias y gremios sanjuaninos representa una competencia desigual frente a proveedores chilenos, que cuentan con precios más competitivos.
El tratado fue firmado por los presidentes en 1997 y comenzó a regir tras la aprobación de los Congresos en ambos países. Su vigencia es de 30 años y, llegado el plazo, se renueva automáticamente, salvo que Argentina o Chile decidan darlo por finalizado.
En la actualidad, proyectos como Josemaría y Filo del Sol operan bajo protocolos binacionales que les permiten compartir infraestructura y circulación en zonas fronterizas. Sin embargo, este esquema genera creciente malestar en sectores locales que reclaman mayor protección para la industria provincial.
El futuro del acuerdo dependerá en parte de la presión de las empresas y organizaciones de San Juan, que piden revisar los términos antes de la prórroga automática. Mientras tanto, la discusión sobre el impacto de este marco legal en la economía local sigue abierta.
