El Consejo Provincial del Partido Justicialista de San Juan se reunió y resolvió manifestar “total apoyo” a sus legisladores nacionales frente al tratamiento en el Senado de la Nación Argentina de la modificación a la Ley 26.639, previsto para este jueves.
Según trascendió, el senador Sergio Uñac acompañaría los cambios impulsados por el Gobierno nacional, mientras que la diputada Celeste Giménez se inclinaría por el rechazo, en línea con el sector kirchnerista.
El posicionamiento partidario aparece como un movimiento que contiene las distintas vertientes internas: por un lado, la postura histórica favorable a la minería que el peronismo sanjuanino sostuvo durante las gestiones de José Luis Gioja y del propio Uñac; por otro, la mirada más crítica del kirchnerismo duro.
Desde el PJ señalaron en un documento que, desde la sanción de la ley en 2010, advirtieron sobre la “imprecisión de sus conceptos” y las dificultades prácticas que generaba la prohibición de actividades en el ambiente periglaciar, si se buscaba compatibilizar la protección de reservas hídricas con el desarrollo productivo bajo el uso racional de los recursos.
Autonomía provincial y cambios propuestos
La iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei —con participación técnica de equipos provinciales— refuerza el rol de las provincias como dueñas originarias de los recursos naturales, conforme al artículo 124 de la Constitución Nacional, y vincula la protección ambiental con el artículo 41, que establece el principio de uso racional.
Uno de los puntos centrales es la redefinición del Inventario Nacional de Glaciares. El proyecto mantiene su existencia, pero limita la protección estricta a aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan efectivamente funciones de reserva estratégica de recursos hídricos o recarga de cuencas.
Además, habilita a que las autoridades provinciales, mediante evaluaciones técnicas, determinen si una formación inventariada no cumple función hídrica y, en ese caso, pueda quedar fuera de las restricciones. Incluso si el organismo técnico nacional encargado del relevamiento no actualiza de inmediato el registro, esa demora no invalidaría autorizaciones provinciales vinculadas a evaluaciones de impacto ambiental.
En la norma vigente, la sola inclusión en el inventario impide actividades como la minería. Con la modificación, la prohibición operaría únicamente si la provincia clasifica el emprendimiento como una “alteración relevante” tras la correspondiente evaluación ambiental.
Un debate de alto impacto para la provincia
La discusión es seguida de cerca en departamentos con fuerte desarrollo minero, como Iglesia y Calingasta, donde el sector empresarial reclama mayor previsibilidad para avanzar en estudios y explotaciones.
En su declaración, el PJ también recordó que en 2010 San Juan promovió una ley provincial de protección de glaciares y presentó una acción judicial contra la ley nacional por considerar que su redacción podía afectar proyectos productivos.
Con este posicionamiento, el justicialismo local fija postura en un debate que combina ambiente, minería y autonomía provincial, y que tendrá una definición clave en el Senado.
